Según se informó, el Congreso guatemalteco ya dictaminó favorable la iniciativa de ley propuesta por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. De hecho, integrantes de la Junta Directiva, jefes de bloques y diputados de la Comisión, recientemente se reunieron con representantes de la Mesa Ganadera y productores agropecuarios del país, para afinar los últimos detalles del contenido de la iniciativa identificada con el número 5182.
De acuerdo a lo detallado, el anteproyecto busca crear el Régimen Especial Tributario para el Sector Agropecuario con la finalidad de incorporarlos como contribuyentes al sistema tributario.
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Boris España, primer secretario de la Junta Directiva del Legislativo, indicó que la iniciativa busca que todas las personas que se dediquen a la producción agropecuaria se formalicen y con ello sus actividades de producción se regularicen.
Por otro lado, Modesto García, presidente de la Mesa Ganadera de la Región II de Guatemala, aseguró que el objetivo de los integrantes del sector ganadero es “volverse contribuyentes de la nación al pagar los impuestos como debe de ser, ya que muchos productores estamos en lo informal y pedimos que los impuestos sean competitivos, como en el resto de los países de Centroamérica”.
Sin embargo, Juan Francisco Solórzano Foppa, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se mostró su desacuerdo con la iniciativa 5182 ya que, según él, ésta incurre en “ambigüedades, contradicciones y deficiencias en la creación de un nuevo impuesto específico para el sector”.
Además, Foppa, a través de un informe técnico, aseguró que con la propuesta “se vulnera el principio de igualdad tributaria”, ya que el impuesto que se pretende crear establece un tratamiento tributario preferencial para el sector ganadero y pecuario sobre otros sectores comerciales y de producción.
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El Superintendente detalló que la entrada en vigencia de esta ley implicaría un sacrificio fiscal anual de aproximadamente US$154.13 millones, lo cual equivale al 2.2% de la recaudación tributaria del Gobierno Central. “Esto significaría que el sacrificio fiscal resulte ser superior a los ingresos derivados del impuesto propuesto”, explicó.
Por su parte, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) se sumó al rechazo a la aprobación de la iniciativa ya que expone que un sistema tributario debe ser justo y equitativo, por lo que no se deben permitir tratamientos diferenciados que busquen privilegiar sectores particulares.
“El resultado de los análisis y estudios técnicos que en los últimos meses de 2016 realizaron a la propuesta original concluyeron la inconveniencia de su aprobación, ya que viola los principios básicos de justicia y equidad tributaria, y además generaría pérdidas cuantiosas de recursos del presupuesto público”, resaltó la entidad a través de un comunicado de prensa.
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Asimismo, el Instituto manifestó que la aprobación de la propuesta no sólo causaría pérdidas financieras, sino también constituiría un impedimento mayúsculo a la lucha contra la corrupción y la impunidad. “La iniciativa de ley propone disposiciones que promueven la impunidad y protegerían a personas que por muchos años han defraudado al sistema tributario”, se planteó.
