De acuerdo con el Pacto Ambiental en Guatemala 2016-2020, la situación ambiental en el que se encuentra Guatemala, le resta posibilidades económicas al país pues pone en riesgo la capacidad de mantener procesos productivos que dependen de la salud de la naturaleza.
Asimismo, detalla el documento, tiene graves consecuencias sociales y políticas, pues eleva la vulnerabilidad de poblaciones pobres y marginales, y multiplica e intensifica los conflictos socio-ambientales por acceso al agua, la tierra y los bosques.
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Según el Pacto, las respuestas a la fecha han sido insuficientes, ya que el país cuenta con políticas, normas y leyes ambientales con escasos recursos. “Tenemos instituciones débiles con poco presupuesto, personal sobrecargado y a veces no preparado y con poca capacidad para hacer cumplir la ley”, refiere.
Ante esta panorama, se estableció dicho Pacto Ambiental, en el que se establece la estrategia de país en esta materia. Según el documento, para el año 2030 Guatemala debe poner en práctica una ley para el recurso agua y elevar la eficiencia de este recurso y disminuir su contaminación.
Por otro lado, se debe fortalecer la capacidad institucional para reducir la tala ilegal, la deforestación y la pérdida de la biodiversidad; así como implementar una política de bosques y biodiversidad; limpiar el país de desechos sólidos, e incrementar la adopción de la producción más limpia.
Para avanzar en la agenda ambiental del país se destinaron US$11.2 millones para el desarrollo de proyectos ambientales. Uno de ellos es el Canje de Deuda (SWAP), que es un ofrecimiento del Gobierno de Alemania, para destinar los recursos del pago de Deuda Externa que actualmente Guatemala le adeuda al país europeo, correspondiente a 14 operaciones suscritas entre los años 1986 a 2005.
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Según se informó, Guatemala he efectuado el pago de deuda oportunamente, pero los montos restantes del adeudo se utilizarán para la realización de un programa para aumentar la resilencia de las comunidades y los paisajes productivos en Quiché.
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) detalló que este canje busca proveer acceso al agua para mejorar disponibilidad para los hogares y la agricultura; impulsar prácticas para proteger de la degradación de los suelos en zonas vulnerables; conservar los bosques en zonas de recarga hídrica, y mejorar la productividad.
“Esta acción contribuye a la aplicación de medidas ambientales sostenibles y administrativas en el ámbito del cambio climático. Además, el proyecto se enfocará en la conservación del recurso hídrico y de suelos”, anunció la institución.
Por otro lado, el país acogerá este 3o de noviembre y 1 de diciembre la Conferencia Internacional sobre Economía Ambiental, con la que se busca definir una hoja de ruta para la identificación de actores, instrumentos y acciones que fortalezcan las políticas institucionales de la Hacienda Pública en materia de cambio climático.
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El evento reunirá a expertos internacionales, representantes de sociedad civil, sector académico, organizaciones ambientales, sector privado, representantes de organismos cooperantes y funcionarios de las instituciones de gobierno rectoras en esta materia, quienes participarán en conferencias magistrales y paneles de discusión sobre el tema ambiental.
