De acuerdo al Gobierno de El Salvador, y a tres años de gestión en materia de seguridad, se refleja una baja de homicidios y una reducción significativa de otros delitos como las extorsiones, el robo y hurto de vehículos. Según la Policía Nacional Civil (PNC), los asesinatos se redujeron en un 53% en el 2016 respecto al año anterior, las extorsiones bajaron un 27%, mientras que el robo de vehículos 53% y el hurto 34%.
De los 100 criminales más buscados, 58 ya fueron detenidos, 13 están fallecidos y solo 29 quedan por capturar. De acuerdo a las autoridades este año se consolidó la lucha contra las finanzas del crimen y la Operación “Jaque” dejó 77 capturas y la incautación de 18 inmuebles, 250 vehículos y 34 cuentas bancarias.
Para Luis Membreño, analista económico y político, si bien hay una baja, esto no es muy significativo porque la violencia siempre es un problema que aqueja a los ciudadanos. “La indiferencia es lo que nos está matando, es decir se está dejando en manos de los políticos que resuelvan los problemas que les atañen”, señala
Puede interesarle: Inversiones vs delincuencia, ¿quién manda en El Salvador?
Escobar Galindo, doctor en Jurisprudencia y Ciencias Sociales y firmante de los Acuerdos de Paz, indica que el problema de las pandillas no se puede resolver en El Salvador porque los que tienen que tomar medidas para solucionarlo no lo hacen.
“En los últimos gobiernos se ha hablado de planes mano dura, súper mano dura o mano peluda y El Salvador Seguro, pero con estos no se logra resolver el problema de las pandillas”, agrega.
En cuanto al trabajo integral para prevenir la violencia, el Plan El Salvador Seguro, dijo el Presidente de la República, Salvador Sánches Cerén en los tres años de gestión, se implementa en 26 de los 50 municipios priorizados. Las 29 instituciones gubernamentales trabajan de manera coordinada los diferentes ejes de acción con los gobiernos locales.
“Parte de los logros también ha sido el sistema carcelario que avanza en su proceso de transformación, está en ejecución el plan especial de seguridad que limita las visitas, la movilidad, los traslados y el corte de telecomunicaciones. Las audiencias se realizan de manera virtual al interior de los recintos contabilizando mil 482 desde su implementación”, comentó.
Lea también: El precio de la delincuencia en El Salvador
Sin embargo, Membreño sostiene que no hay políticas de Estado en el ramo de seguridad, sino una serie de reacciones políticas sobre un evento; las políticas de Estado trascienden a los gobiernos y no importan que sean del mismo signo político.
También considera que la institucionalidad para administrar justicia está rebasada con creces desde hace años. Cuestiona que cómo se le puede pedir a una institución como la Fiscalía que haga investigación o que la dirija, cuando se le acumula cada semana cientos de casos nuevos.
“Se requiere de un plan nacional para tratar la violencia, porque todo se reduce a los periodos presidenciales que al inicio prometen hacer todo y al terminar no existe nada”, indica Galindo.
