Un informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y la Asociación Servicios Técnicos Legales y Económicos (SETELEC), indicó que Honduras ha logrado una reducción de su déficit fiscal, pero a cambio ha aumentado sus desigualdades sociales.
En el estudio “Efectos Económicos y Sociales de la Política Fiscal Reciente en Honduras (2013-2016)”, que fue presentado con la cooperación del programa Impactos de Counterpart International, refiere que la reducción del PIB de 7.9% en 2013 a 2.8% en 2016, se da como consecuencia de un significativo aumento de los ingresos tributarios, de un mayor control del gasto y de una reducción de bienes públicos.
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Sin embargo, también se destaca que dicha reducción ha profundizado la regresividad de la estructura tributaria y ha afectado las asignaciones a sectores importantes como salud y educación.
El documento apunta que el aumento de los ingresos tributarios se dio por medio de incrementos en impuestos indirectos, y que el crecimiento de los impuestos directos es menor, y las exoneraciones fiscales se han mantenido en niveles altos, y en algunos casos han aumentado.
El aumento de los impuestos en los tres primeros años del presente gobierno ha sido, en promedio, cerca US$495 millones (2.5% del PIB de 2016), lo que ha hecho que la carga tributaria hondureña pase de 14.8% del PIB en 2013 a cerca de 18% en 2016, apunta la investigación.
Se agrega, además, que al finalizar el 2017, el Gobierno Central habrá pagado en los últimos cuatro años alrededor de US$5,000 millones en servicio de deuda, equivalente al 25% del PIB de 2016, y a casi todo el presupuesto del Gobierno Central para 2017, un aproximado de US$5,600 millones.
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El análisis también resalta la desproporción en los aumentos de presupuesto, es decir, un 11.7% del total del gasto en 2010 a 13.6% en 2017, para el caso de Seguridad y Defensa, mientras que para protección social el aumento ha sido de 3.4% del gasto total a 6.3%. En contraste, la prioridad fiscal de la educación se ha reducido para el mismo período de 32.8% a 20.1%, y la de salud de 14.7% a 10.7%.
El trabajo concluye que, en estas condiciones la política fiscal no cumple su papel de ser un instrumento de desarrollo y recomienda que para alcanzar este objetivo se debe promover un pacto fiscal que permita una mayor participación ciudadana en las decisiones públicas que promuevan objetivos nacionales, así como transparencia y rendición de cuentas.
