Este informe muestra que de las 34 metas contenidas en los 7 compromisos de transparencia fiscal, 12 están cumplidas; 5 con avance significativo; 7 con implementación en curso; 3 con déficit de implementación y 7 no muestran progreso.
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Según la auditoría realizada, los Ministerios de Finanzas Públicas y de Educación mantuvieron la colaboración y convocatoria a reuniones periódicas para el seguimiento de sus metas; el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social detuvo la dinámica colaborativa después del cambio de autoridades ministeriales que se dio en agosto pasado; en tanto que la Superintendencia de Administración Tributaria continuó sin facilitar la interacción la con sociedad civil.
El ICEFI considera que estos avances constituyen medidas sin duda necesarias, pero insuficientes para atender adecuadamente las demandas ciudadanas de más transparencia fiscal.
Además, expresó preocupación por la inconsistencia grave entre estos avances en transparencia fiscal y la opacidad y la actitud agresiva del Ejecutivo, que ha incluido medidas que dificultan el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), nuevos escándalos de corrupción y faltas graves de transparencia y probidad como intentos de negar información pública, gastos superfluos, sobresueldos, contratos dobles de funcionarios y otras remuneraciones ilegales, así como el abuso en el ejercicio de la facultad presidencial de exonerar multas e intereses tributarios.
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El Instituto resaltó que los avances continuarán siendo irrelevantes para la ciudadanía y la opinión pública, si el Ejecutivo no las acompaña con medidas concretas que apoyen a las instituciones, nacionales e internacionales, que luchan contra la corrupción y la impunidad.
“En tanto las autoridades continúen dificultando la interacción con la sociedad civil interesada y con capacidad técnica de propuesta, no puede haber gobierno abierto“, expresó.
