Por: Maureen Rodríguez Acuña
mrodrigueza@bdsasesores.com
(M&T)-.Fue en el año de 1984, cuando Costa Rica ratificó la Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la mujer. A través de dicho acto, fueron adquiridos una serie de compromisos estatales, en aras de la protección jurídica de las mujeres, partiendo de la base de una igualdad entre ambos sexos y garantizando la protección efectiva de la seguridad de las mujeres que, históricamente, hemos sido catalogadas como el sexo débil y objeto de una serie de injusticias.
A pesar de ello, no es sino hasta el año 1990 que es aprobada, en la Asamblea Legislativa, la Ley de Igualdad Social de la Mujer, la cual dio pie para una serie de reformas que continuarían durante los años siguientes, en procura, de la búsqueda del estado de equilibrio entre hombres y mujeres.
En el ámbito laboral, propiamente, se han hecho esfuerzos tratando de regular, incrementar y proteger, la participación y empoderamiento de las féminas, en la intervención del diario quehacer de las empresas.
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Propiamente, con la última gran reforma aplicada al Código de Trabajo, se adicionó todo un Título a la Ley, en la que se prohíbe contundentemente, cualquier tipo de discriminación entre trabajadores, so pena de sustanciales sanciones que podrían afectar, incluso, de forma personal, a quien cometa un acto de este tipo.
No obstante lo anterior, aún es posible vislumbrar grandes diferencias entre los trabajadores hombres, y las trabajadoras mujeres, sobre todo en aquellos aspectos relacionados con la remuneración y la asignación de responsabilidades.
Con el fin de disminuir regularizar las actuaciones de las empresas, en procura de la búsqueda del equilibrio entre géneros, resulta menester que las empresas apunten sus esfuerzos en la implementación de políticas de equidad de género, mediante las cuales logren obtener un tratamiento justo entre hombres y mujeres, de acuerdo con los requerimientos específicos.
A través de la implementación de este tipo de políticas, se han alcanzado grandes mejoras en el ambiente laboral y en la productividad, e incluso se ha detectado una menor presencia de brechas salariales, menor discriminación debido al embarazo y/o lactancia, así como un crecimiento del número de mujeres que ocupan posiciones de rangos importantes en las organizaciones.
En virtud de lo anterior, la creación e implementación de documentos como perfiles de puesto, políticas de remuneración salarial estandarizada y esquemas de incentivos, sirven de base para la disminución efectiva de situaciones de discriminación.
Fomentar la conducta inclusiva entre compañeros de trabajo, sobre todo mediante la divulgación y constante capacitación de los colaboradores sobre la prevención del acoso sexual, incentivar el trabajo en equipo igualitarios que permitan una capacitación igualitaria entre sus miembros, una asignación de roles semejante que evite que la asignación de éstos se base en estereotipos y que condene las burlas y bromas de índole sexista, la felicitación pública ante la obtención de buenos resultados que fomente la creación de liderazgos femeninos, así como una buena comunicación entre equipos de trabajo, son parte de la cultura que debe ser incentivada dentro de las organizaciones para contrarrestar las diferencias asociadas a los sexos.
Incluso, más allá de lo señalado, las políticas de reclutamiento de la empresa deben, de igual forma, enfocarse en una perspectiva de género para prevenir discriminaciones en esta etapa precontractual.
Es claro que contamos con avances importantes en la materia, sin embargo, durante el día de celebración del Día Mundial de la Mujer, debemos concluir que todavía queda trabajo por hacer y, de la mano de la instauración de políticas y culturas inclusivas dentro de las organizaciones, podremos fomentar el alcance de la equidad, dentro de los motivos para festejar en esta fecha.
Maureen Rodríguez Acuña, Abogada y Notaria Pública, con más de diecisiete años de experiencia en el ámbito corporativo con énfasis en el Derecho Laboral. Se ha destacado en su labor tanto dentro de departamentos legales de corporaciones con presencia nacional, ejerciendo el grado de directora legal dentro de las mismas, así como también, ha desarrollado su práctica profesional como profesional independiente especializada en el derecho laboral o como asociada, e incluso directora de la práctica laboral de reconocidos bufetes costarricenses
