El documento revela que el tamaño del gasto público del Gobierno Central se ubicará en 21.4% del PIB en Costa Rica, 20.4% en El Salvador, 20% en Honduras, 18.4% en Nicaragua y 17.6% del PIB en Panamá, destacando la excepción del caso de Guatemala (12.1% del PIB), país que continúa con una política crónica de austeridad que le hace incapaz de atender las principales necesidades sociales.
Estas cifras son consecuencias de la inestabilidad política ha reducido la capacidad de recaudar y ejecutar políticas públicas de algunos de los Estados centroamericanos.
En general, el gasto público de funcionamiento para los gobiernos de Centroamérica se mantuvo constante en alrededor del 12.3% del PIB, mientras que los gastos de capital se redujeron de 3.7% a 3.6% del PIB, siendo más notorio dicho proceso en Costa Rica, Honduras y Nicaragua, los dos primeros países, como consecuencia de un esfuerzo para tratar de reducir el déficit fiscal y el crecimiento de la deuda pública, mientras que en Nicaragua, la reducción es producto de la inestabilidad política que experimenta.
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Por su parte, el pago de intereses de la deuda pública representa el 2.4% del PIB para toda la región. Sin embargo, para países como Costa Rica, El Salvador y Honduras (3.7%, 3.7% y 2.9% del PIB, respectivamente), este pago se convirtió en una fuerte rigidez que dificulta el alcance de los objetivos de la política fiscal.
El déficit fiscal regional se incrementará en 2018 hasta el 3.1% el PIB, después de registrar 2.7% en 2017, mientras que la deuda del Gobierno Central pasará del 42.5% al 43.1% en el mismo período. “El déficit fiscal crecerá en 2018 en todos los países, salvo Nicaragua, que hasta la fecha, presenta serios problemas de ejecución del gasto público como consecuencia de la situación política. Un caso preocupante es Costa Rica, pues continúa sin consensos para una reforma fiscal estructural. En 2018 se estima que el gobierno central costarricense cerrará con un déficit del 7.0% el PIB, lo que producirá que el saldo de la deuda pública alcance cerca del 53.4% del PIB”, expresa el comunicado.
El ICEFI también indicó que la situación de la transparencia fiscal en la región no mejoró, derivado del hecho que todos los países continuaron teniendo calificaciones muy bajas en el Índice de Desviación de Fondos Públicos del World Economic Forum, en donde el mejor calificado es Costa Rica que obtuvo 3.6 puntos de 7 posibles (51.4%).
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En sentido contrario, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá reportaron empeoramiento en la percepción de desviación de fondos públicos. Guatemala reportó ciertos avances en materia de transparencia presupuestaria en el Índice de Presupuesto Abierto, al tiempo en que se siguieron manifestando problemas en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá producto de la dificultad de obtención de cifras, las cuales, cuando se producen, no responden a la oportunidad debida.
“Los Estados centroamericanos continúan requiriendo reformas fiscales para la suficiencia y la sostenibilidad, con cambios en transparencia, probidad, rendición de cuentas y planificación de largo plazo, sin embargo, la inestabilidad política latente revela la débil legitimidad de quienes dirigen los organismos del Estado para poder impulsar estos cambios, poniendo en peligro los avances democráticos y disminuyendo las posibilidades de desarrollo de Centroamérica”, advierte la entidad.