Cuando en abril del 2015 la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) dieron a conocer el caso de la Línea, la sociedad pensó que se trataba de una estructura de corrupción que había tomado el control de las aduanas para generarse beneficios económicos. Sin embargo, sus raíces eran más profundas.
El caso del Lago de Amatitlán y luego la Cooptación del Estado, forman parte de los procesos judiciales que se ventilan en los juzgados guatemaltecos, y en los cuales están involucrados varios ex funcionarios públicos, empresas privadas y entidades bancarias.
La pregunta es ¿cómo todo este sismo afectará la imagen de Guatemala ante el mundo? Para Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), afecta positivamente porque “nos pone en el mapa como una de las naciones que está luchando contra la corrupción”.
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La lista de implicados que crece, además sienta un claro mensaje: en Guatemala se acabaron los “intocables”.
Por otro lado, Gabriel Biguria, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Guatemalteca de Eportadores (Agexport) asegura que pese a la expectativa que se ha originado, la macroeconomía del país se encuentra estable y sus instituciones “bastante sólidas”. Asimismo, enfatiza que los casos involucran a “individuos y no a instituciones”, por lo que no debería representar un peligro para la imagen del país.
Los avances
A finales de julio, tras seis semanas de revisión, el Juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del Juzgado B de Mayor Riesgo, resolvió ligar al proceso penal a 53 de los 57 imputados por el caso Cooptación del Estado, que incluye delitos como lavado de dinero, asociación ilícita, cohecho y financiamiento electoral ilícito. Hoy la audiencia de primera declaración del caso llegó a las 30 sesiones.
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Entre los ligados se encuentran los exgobernantes Otto Fernando Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti Elías, ligados ya a otros procesos judiciales por corrupción. Además, empresarios, contratistas y otros exfuncionarios, sindicados de liderar una estructura criminal que capturó a varias instituciones claves del Estado guatemalteco con el fin de enriquecerse de manera ilícita.
“Esto, al final, nos va a permitir ser más competitivos”, aseveraba Biguria meses atrás, mientras confirmaba que la corrupción que se encontraba sistematizada en Guatemala le restaba competitividad al país y generó costos escondidos y competencia desleal.
Acisclo Valladares Urruela, comisionado presidencial para la Competitividad e Inversión, concuerda con Biguria y afirma que el sector empresarial guatemalteco se encuentra fuerte y las acciones emprendidas contra la corrupción brindan un mejor entorno.
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Zapata reconoce que en la medida que el país reduzca su percepción de corrupción, la inversión también crecerá, pero no será de la noche a la mañana.
