Dicha propuesta pretendía regular el otorgamiento de ocho beneficios salariales que se pagan en las instituciones del sector público, como anualidades, dedicación exclusiva, prohibición y auxilio de cesantía.
Sin embargo, Sergio Alfaro, ministro de la presidencia, informó que esta medida lejos de reducir el déficit fiscal del país, tendría un efecto contrario, al aumentar el gasto público. Además, reconoció que Casa Presidencial solamente convocó el proyecto con el afán de que la agenda fiscal convocada por el presidente Luis Guillermo Solís avance en Cuesta de Moras, donde tienen condicionada la aprobación de nuevos impuestos a la reforma del empleo público.
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Por su parte, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) considera la medida como una burla para el sector productivo y el país en general. “Expresamos nuestro más profundo malestar por esta maniobra política, de convocar un proyecto de ley en el que no creen. Si consideran que el mismo es insuficiente, lo cual compartimos, lo esperable y congruente es trabajar en sus mejoras, y no en procurar desacreditarlo como han intentado hacerlo” manifestó Franco Arturo Pacheco, presidente de UCCAEP.
Para el empresariado costarricense, la actitud de las autoridades de gobierno deja claro que no tienen la voluntad política para implementar los cambios estructurales que requiere este país, y muestra un desinterés por solucionar el déficit fiscal a través de la contención del gasto.
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UCCAEP asegura que los señalamientos de la Contraloría General de la República sobre el proyecto de Empleo Público iban encaminados a demostrar que el texto actual se queda corto, y requiere de más contenido que genere un mayor impacto positivo en las finanzas públicas, pues los trabajadores del gobierno y las autónomas acumulan una larga lista de 121 pluses salariales, que se le otorgan además del salario base.
Iniciativa insuficiente
Marta Acosta, contralora general de la república (CGR), calificó de limitada e insuficiente el proyecto de ley de empleo público, ante los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales. “El proyecto es un paso positivo en la dirección de ordenar el tema de las remuneraciones, no así el tema integral del empleo público, ya que el efecto de la iniciativa es modesto o limitado porque abarca solamente seis de los incentivos”, añadió.
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Asimismo, la jerarca recalcó que el impacto de la Ley sería insignificante para palear el déficit fiscal que tiene Costa Rica, pues solamente reduciría el gasto estatal en 0,05% del Producto Interno Bruto (PIB) de país.
