Estefanía Flores
Hace cuatro años iniciaron las discusiones sobre la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, la cual pretende poner orden en las finanzas del Estado y, por ende, disminuir el endeudamiento del país.
La propuesta presentada por La Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) consta de 26 artículos y establece límites al déficit fiscal y a la deuda pública. Esta iniciativa, realizada en el 2012, se efectuó debido a la petición de US$800 millones en bonos; tema que generó tensión en la Asamblea Legislativa, sobre todo en el partido tricolor.
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Por su parte, el Decreto elaborado por el Órgano Ejecutivo tiene como objeto emitir normas que garanticen la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo de las finanzas públicas y que contribuyan a la estabilidad macroeconómica del país. Este informe de ley, presentado por el Ministerio de Hacienda, incluye propuestas adicionales de varias bancadas de la Asamblea Legislativa.
En junio pasado, el presidente Salvador Sánchez Cerén dijo que el país “próximamente” tendrá una Ley de Responsabilidad Fiscal que garantice “certeza financiera” en las arcas del Estado. El consenso respecto al tema aún no llega debido al contraste de opiniones en materia de restricción de gastos y rubros en los que se recortaría el déficit fiscal.
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Aun así, la espera es lo único que se ha visto, pues la Asamblea no ha brindado ninguna información sobre los avances en el estudio de esta ley, sin embargo el tema sigue latente dentro del colegiado.
“Conozco que recientemente la discusión se ha intensificado sobre el abordaje de este tema y creo que en las próximas semanas se podría llegar a una conclusión”, dijo el diputado Calixto Mejía, perteneciente a la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa.
Aun así, Mejía fue claro al decir que si bien el país requiere de una legislación de Ley de Responsabilidad Fiscal, “cuando se apruebe la ley, esta no debe amarrarle las manos al Ejecutivo en cuanto al cumplimiento de disposiciones constitucionales y de manejo de presupuesto”, acotó Mejía respecto a los alcances que debe tener la misma.
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Igual opina Mauricio Vargas, diputado de Arena, al decir que la Ley es tan fundamental para detener esta “bomba” que se tiene encima de los problemas fiscales, “ya que esto le dará un orden y controlará la caja de liquidez que desde tiempos se ha venido haciendo de forma inadecuada”.
El panorama centroamericano no difiere mucho del salvadoreño. A pesar de la reforma tributaria de gran magnitud implementada en Honduras en el 2014, los ingresos tributarios continúan una trayectoria de débil crecimiento en la región.
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Por su parte, para el 2014, Guatemala alcanzó el nivel recaudatorio más bajo de los últimos quince años. En ese mismo año, el resultado de Costa Rica fue de un sistema tributario obsoleto; mientras el caso más delicado fue el de Panamá, en donde la carga tributaria se desplomó de un 11.4% a un 10.2% del PIB.
