Amanda Rodas y Giovanni Torres
“Si una familia quiere hacer un viaje o gasto pero le falta presupuesto, lo lógico es no hacerlo. Lo mismo sucede con un gobierno, si no tiene para cubrir un gasto, lo indicado sería no hacerlo. Uno debe gastar según su realidad”, así respondió Claudia de Ibáñez, gerente de asuntos corporativos de Walmart a la pregunta de qué debe hacer el gobierno para bajar su gasto.
El debate se abre tras el pronunciamiento que hizo el mandatario Salvador Sánchez Cerén sobre crear una Ley de Responsabilidad Fiscal, para tratar de frenar el alto endeudamiento que enfrenta el país, durante un discurso que dio el fin de semana.
“Actualmente la deuda del país ronda el 63% del PIB, esto es una amenaza que tenemos que resolver”, dijo el mandatario. Asimismo llamó a todos los sectores a que se trabaje por un acuerdo que permita un ajuste fiscal, eso incluye presupuesto y disminución de gastos.
De acuerdo a los datos brindados por el Banco Central de Reserva (BCR), la deuda pública de El Salvador en lo que va del año asciende a US$16,877.64 millones. Sin embargo la solución planteada por Cerén no convence al sector privado.
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Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal, dice que el discurso brindado por el jefe de Estado es confuso y contradictorio.
Una de las contradicciones, señala, es que no se han hecho modificaciones a la cantidad de plazas públicas que se han abierto en los últimos años, pero se han aumentado los subsidios (como por ejemplo el de los Ninis) y por otro lado se han incrementado las tarifas energéticas.
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Entonces, ¿qué debería incluir un adecuado pacto fiscal?, para Cardenal debe ser una mezcla entre gastos, deuda pública e inversión, y no solo el tema de ingresos como lo ha visto el Gobierno desde hace unos años.
Con este criterio coincide el economista salvadoreño Luis Membreño, y aunque ve con buenos ojos la voluntad del presidente entrar en proceso para crear una ley de responsabilidad fiscal, asegura que hace falta ver si habrá negociación en este tema.
Por su parte, el diputado de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Juan Valiente, manifestó que en un pacto fiscal se deben revisar los ingresos y los egresos, y todos los gastos deber ser sujetos a revisión.
“Todo debe ser revisado para tener una visión de país y tener claro cuáles son las prioridades, algunas de ellas son seguridad, salud, educación y cultura”, acotó Valiente.
Donato Vaquerano, diputado de ARENA, adelantó que esperan convocar al presidente para sostener un diálogo sobre el nuevo acuerdo fiscal, pero recordó que en 2012 los partidos firmaron uno similar y el partido de gobierno fue el primero en no cumplirlo.
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Pese a las dudas que todavía quedan sobre la mesa, el vicepresidente del legislativo, Guillermo Gallegos, del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), reconoció que una reforma fiscal sería beneficiosa para el país, ya que les peritaría avanzar en algunos préstamos y aprobación de bonos porque esta ley es una de las condiciones pedidas por ARENA.
