Setenta líderes globales y más de 1.000 participantes, convocados por CAF –banco de desarrollo de América Latina- discutirán las oportunidades de mejora de infraestructura en sectores como: transporte, energía, agua y saneamiento, telecomunicaciones, entre otros, durante la Conferencia Infraestructura para el Desarrollo de América Latina que se realizará este 25 y 26 de abril, en Buenos Aires, Argentina.
Promover la inclusión social y el despliegue de redes y servicios necesarios para asegurar el desarrollo sostenible, demandan niveles de inversión en infraestructura que han sido estimados en un 5% del PIB; solo para reducir la brecha actual que existe en la región.
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Dentro de lo que propone la CAF se destaca: la selección y priorización de los proyectos; contratación y construcción de obras; y la operación de las redes y servicios.
Lo anterior implica que se exista un mayor control en los procesos institucionales de toma de decisión y asegurar la transparencia en todas las etapas. Conceptos como gestión de la demanda y gestión de los activos permitirán, sin duda, hacer un uso socialmente más eficiente de los recursos. La participación del sector privado en los proyectos de infraestructura, puede contribuir a elevar los niveles de inversión. Para esto se requiere que los mecanismos financieros faciliten la participación de los inversores y a su vez se necesita un Estado que asegure un alto retorno social de la cartera de proyectos.
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Los resultados de los últimos años en materia de regulación arrojan que se puede contribuir a un balance entre los roles del Estado (como rector y garante en la provisión de servicios), del mercado (en los numerosos ámbitos en los que la participación privada es viable y conveniente) y de la sociedad civil (como soporte a la participación y la transparencia).
Los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible otorgan un lugar de relevancia a la infraestructura. Uno de los aspectos más críticos será el compromiso para reducir drásticamente las emisiones de CO2 y la transición hacia una economía baja en carbono.
La agenda de la adaptación a cambios va puesta en marcha, existen transformaciones que ya están ocurriendo, y que tienen un impacto notorio sobre las redes de infraestructura, demandará también un considerable esfuerzo, procurando redes de infraestructura sostenibles en las ciudades, donde actualmente vive el 80% de la población de la región.
