La situación se agrava cuando se traslada a números, ya que la paz que tanto anhela el pueblo salvadoreño, tiene un precio de un poco más de US$2,000 millones, que es el monto que se ha estimado para cumplir de manera exitosa en el tema de seguridad.
El pasado 17 de septiembre el Gobierno salvadoreño anunció un cobro del 10 % sobre la facturación de consumo telefónico por mes, para financiar la seguridad ciudadana y convivencia, con lo cual se estima una recaudación de US$140 millones anuales para seguridad ciudadana.
Sobre el impuesto: El Salvador financiará su seguridad con la telefonía
Las operadores de las telefonías (Tigo, Claro, Digicel y Telefónica) manifestaron por medio de un comunicado que los operadores no han desaprobado ni aprobado las tarifas propuestas, sin embargo el proceso de aprobación de cargos y tarifas máximas no penden de la voluntad o conformidad de las empresas, sino del proceso definido en la normativa creada al efecto.
Aún así recalcaron que la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, que incorpora el impuesto, golpeará a los salvadoreños, sobre todo a los menos favorecidos, dado que este tipo de impuestos estrecha el desarrollo del sector de las telecomunicaciones e impiden mayores inversiones en nuevas tecnologías.
A favor y en contra
Para Javier Simán, presidente de la Asociación Salvadoreña Industrial (ASI), la discusión no debe ser cuál impuesto aprobar ni quién debe pagarlo, sino que debe centrarse en “porqué necesitan más recursos si este gobierno y el anterior son los que más impuestos han recaudado en la historia, son los que más donaciones han recibido y son los que más han contratado deuda adicional”.
Adicionalmente Simán advierte que antes de imponer nuevos impuestos el Gobierno debería rendir cuentas sobre el destino de los recursos que ya tiene.
“No es un tema de falta de recursos sino un tema de falta de efectividad y de eficiencia. Un tema de combatir la corrupción y la impunidad. Un tema de mayor responsabilidad y de mejor utilización de los recursos del estado. Por lo tanto una revisión y reasignación de recursos debería ser suficiente para hacer frente a las necesidades del gobierno”, argumenta el empresario.
Simán advierte que los dos gobiernos liderado por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) han tenido mayores recursos para el rubro de seguridad, así este año asignaron US$76 millones más del presupuesto nacional y no lo han ejecutado todavía.
Por su parte, Héctor Dada, ex ministro de economía, señala que la única ventaja de este impuesto tiene es su facilidad de cobro, pero éste no compensa la desventaja de que es un impuesto regresivo, es decir, “el porcentaje que se cobra a los de menos ingresos, es mucho mayor que el porcentaje que se cobra al de mayores ingresos, y eso no es una buena política fiscal.
