Amafredo Castellanos
Un escándalo aún en desarrollo, que una instancia internacional tuvo que descubrir y atacar a fondo, trae de cabeza a Guatemala, por sus implicaciones políticas, a cuatro meses de los comicios generales, y porque vincula a ex funcionarios de alto rango. También, porque conlleva riesgos económicos con inevitables secuencias sociales.
Se trata de la estructura criminal encabezada por un empleado de confianza de la vicepresidenta Roxana Baldetti, su secretario privado, Juan Carlos Monzón, quien la acompañaba en un viaje por Seúl (Corea del Sur).
Cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), sacó a luz los hechos, Monzón, no regresó al país, pero 22 de los implicados fueron capturados. Cuatro días después una jueza dejó en libertad a seis de ellos, incluyendo a dos de los principales cabecillas, mediante una medida sustitutiva.
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“Nadie va a querer invertir en un país como este”, con las características fraudulentas, inestables y mafiosas difundidas con resonancia internacional, señala José Ramón Lam, analista económico del Instituto de Problemas Nacionales de la autónoma Universidad de San Carlos (IPNUSAC).
De acuerdo con Lam, la inversión extranjera directa (IED) es la primera que marcará distancias respecto a Guatemala y “saldrá huyendo”. Lo preocupante, indica, es que ésta “es la única capaz de generar empleo”, algo que el país necesita para promover los cambios sociales que el país espera.
Nils Leporowski, empresario guatemalteco que preside la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro), recuerda que el sector empresarial siempre señaló que “uno de los peores lastres en Guatemala es el contrabando”, porque “no sólo desincentiva al empresario formal, sino también perjudica al Estado, que deja de percibir ingresos, tan necesarios para atender deficiencias de salud o infraestructura”, entre otras necesidades.
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“En el tema económico, este tipo de hechos desestimula al empresario formal, que paga impuestos, y fomenta la economía informal, porque la gente ve que el fruto del trabajo se lo llevan otros”, comenta.
La confianza de la población en general y de los agentes económicos, en lo particular, se deteriora aún más, señala Lam. Advierte que el problema es más amplio de lo que se piensa porque comprende instancias como el sistema de partidos políticos, el Legislativo y el sistema de justicia.
Guatemaltecos no confían ni en su vecino. Con los peores indicadores, junto a México, el país centroamericano encabezó una lista de la desconfianza que presenta el Estudio de Opinión Pública, Gobernabilidad y Convivencia Democrática en América Latina, elaborado en 2010 por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
De acuerdo con el estudio, siete de cada 10 connacionales cree que en general no se puede confiar en los demás y 6 de cada 10 considera que el vecino o conciudadano no es mayoritariamente honesto.
De acuerdo con el sociólogo guatemalteco Edelberto Torres Rivas, “va a ser muy difícil reordenar una sociedad donde la ilegalidad premia, o donde la impunidad se disfruta, porque las asegura el propio sistema (Guatemala: desarrollo, democracia y los acuerdos de paz)”.
Según Cepal: “Desigualdad y pobreza conspiran contra crecimiento”
Rivas además reconoce que flagelos como la pobreza y las desigualdades sociales, también conducen a “esa perversa situación de una democracia sin ciudadanos. Esa mezcla de ignorancia y desconfianza es mortal”.
