De acuerdo con el estudio presentado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en el marco del proceso de adhesión de Costa Rica a dicha institución, se habló sobre la situación del sector en el país y las recomendaciones de política en materia de mercado de trabajo y política social.
El primer reto al que se hizo referencia fue al tema de políticas para el mercado laboral, aludiendo que las contribuciones sociales son un impedimento para el sector formal del trabajo, especialmente para los grupos vulnerables, además existe un complejo sistema de salarios mínimos, y el cumplimiento es bajo para brindar protección efectiva a los trabajadores contra el “riesgo de pobreza con trabajo” y para salvaguardar los estándares laborales mínimos.
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“Un porcentaje relativamente elevado de puestos de trabajo en el sector informal que se estima en un tercio del empleo total y un elevado número de trabajadores escasamente cualificados para prevalecerse en las nuevas oportunidades laborales, han obstaculizado la transición a unos empleos más productivos, mejor retribuidos y de mayor calidad”, expresó, Stefano Scarpetta, director de la división de empleo, trabajo y asuntos sociales de la OCDE.
Asimismo, se hizo énfasis al gasto público social ligeramente superior al 15% del PIB, siendo uno de los más altos en América Latina, pero más bajo que el promedio de los países miembros de la OCDE que es de un 21%, así como a la política migratoria, todo esto con el fin de responder mejor a la rapidez con que se materializan los cambios tecnológicos y lograr un crecimiento sostenido pero a la vez inclusivo.
Recomendaciones
1. Continuar simplificando y reduciendo el número de niveles de salario mínimo tomando en consideración su cuantía y posibles efectos desincentivadores de la contratación formal.
2. Reactivar las propuestas de establecer un Consejo Social y Económico que promueva el dialogo con el gobierno y las consultas con empleadores y sindicatos, así como para fortalecer la confianza entre los interlocutores sociales.
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3. Establecer un organismo de ventanilla única o mejorar la coordinación de los programas sociales con el fin de evitar la dispersión de unos recursos limitados y ayudar a los grupos vulnerables a utilizar el sistema y solicitar los servicios de empleo.
4. Reforzar la capacidad del sistema fiscal de reducir la desigualdad de ingresos haciendo que parte de la financiación de la asistencia sanitaria y de los programas selectivos de lucha contra la pobreza se trasladen desde las cotizaciones a la seguridad social a los impuestos generales, por ejemplo, IVA e impuesto sobre la renta de las personas físicas.
5. Mejorar los resultados en materia de empleo de las mujeres insistiendo especialmente en ayudar a las que trabajan en el sector informal a encontrar empleo en la economía regular y en atender a las necesidades de los inmigrantes.
