Las expectativas tanto internas como externas son altas al cumplirse en Guatemala un nuevo cambio de gobierno en la era democrática, que, coincidentemente, también cumple este mes 30 años desde su reinstauración en 1986.
Analistas coinciden en que el presidente electo Jimmy Morales, quien asumirá el jueves para un mandato de cuatro años, deberá enfrentar problemas de pobreza y violencia que afectan a los 16,1 millones de guatemaltecos, pero también ejercerá un mandato que puede marcar un cambio de rumbo para los destinos del país.
“El nuevo gobierno ha prometido transparencia y combate a la corrupción. Eso es lo que tiene que hacer y lo vamos a apoyar en todo lo que sea necesario”, dijo el presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Óscar Emilio Castillo.
Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Socieles (Asies), advierte que para el nuevo presidente de Guatemala, el “punto clave” será generar confianza, tanto interna como externa. Recordó que esa fue su principal oferta de campaña, por lo que deberá, desde el primer día, dar señales “claras” sobre ese “gran compromiso” de lucha contra la corrupción y racionalidad del gasto público, lo cual tiene que ver con cesar los gastos excesivos, la concesión de contratos dudosos y poner límite a los programas de asistencia social de corte clientelar.
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“No se vale que que están haciendo contratos dudosos y otros actos de corrupción y después nos estamos quejando que hay gente pobre, porque ese dinero no llega a las arcas del gobierno y éste no puede hacer planes sociales”, respaldó el empresario Castillo.
Un informe presentado en diciembre por el Instituto Nacional de Estadística (INE) dio cuenta que la pobreza pasó de 56,4% en 2000 a 59,3% en 2014, y la pobreza extrema de 15,7 por ciento a 23,4 por ciento en el mismo período, afectando a un total de 9,4 millones de personas.
En este contexto, la población guatemalteca emprende este jueves un nuevo experimento democrático tras la elección de Morales en septiembre de 2015 y el inicio de su administración. Su mandato resultará precedido por una inédita reacción de la sociedad contra la corrupción que se manifestó en masivas movilizaciones que llevaron a la renuncia al ex presidente Otto Pérez y a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos procesados como supuestos cabezas de una estructura criminal dedicada a la defraudación tributaria.
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Los analistas coinciden en que fue el rechazo a esta clase de políticos y sus prácticas, lo que favoreció la candidatura presidencial de Morales, quien durante la campaña electoral ni siquiera era mencionado en las encuestas antes que detonara la crisis política en abril de 2015.
Por eso, el gobierno de Morales podría devolver la confianza en las instituciones y dar impulso a un cambio positivo para el país, dijeron.
