El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, anunció este viernes que no renovará el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyo periodo vence en septiembre de 2019. “Esta decisión es un paso hacia delante en el fortalecimiento de nuestras instituciones para garantizar la continuidad en la lucha contra la corrupción, la violencia y el delito”, aseguró Morales en una comparecencia ante la prensa acompañado de altos mandos militares.
El presidente, que se retiró sin aceptar las preguntas de los medios de comunicación, expresó que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ya fue “notificado oficialmente” de la “no renovación” del mandato de la CICIG y que de “inmediato” se inicien las transferencias de capacidades a las instituciones guatemaltecas.
Las investigaciones de la CICIG y de la Fiscalía han salpicado a miembros cercanos del actual presidente, a su partido durante las elecciones que lo llevaron al poder y a dos de sus familiares más cercanos, su hijo José Manuel y su hermano Sammy, quienes deben enfrentar un juicio por un caso de fraude al Estado en 2013.
Esta situación elevó las tensiones y más cuando el pasado 10 de agosto ambos entes volvieron a presentar una solicitud de desafuero contra el mandatario por la posible comisión de un delito de financiación electoral ilícita durante la campaña que lo llevó al poder en el año 2015, un extremo que él ha negado.
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Por otro lado, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, expulsó del país a la delegación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dos días después de que la agencia de la ONU emitiera un informe en el que acusa al Gobierno y grupos afines de reprimir brutalmente las protestas y perseguir a los críticos.
“Es una decisión inaudita que refleja el estado de ánimo de una persona que se siente completamente perdida, que ya no puede de ninguna manera ocultar sus responsabilidades”, ha dicho Marlín Sierra, directora ejecutiva del Centro Nicaragüense para los Derechos Humanos (CENIDH), en rueda de prensa.
El informe analiza lo ocurrido desde el pasado 18 de abril, cuando estallaron las protestas contra Ortega. El detonante fue una polémica reforma de la seguridad social, pero rápidamente se ampliaron hasta exigir la “democratización” de Nicaragua.
