¿Necesita Guatemala una amnistía fiscal?

Alejandra Ordoñez

De acuerdo con la SAT, la amnistía fiscal autorizada por el Organismo Ejecutivo está dirigida tanto a personas individuales como jurídicas de cualquier actividad económica, y tiene como objetivo motivar a los contribuyentes al pago de la totalidad de los impuestos adeudados.

El Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informaron que esta medida forma parte de la estrategia de ordenamiento de las finanzas y la recaudación tributaria en el país.

Según lo acordado, con la amnistía que entra en vigencia el 20 de mayo y la cual tendrá una duración de tres meses, se exonerará de multas, recargos, intereses y moras a los contribuyentes que tengan impuestos pendientes anteriores al 1 de enero de 2017.

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Sin embargo, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) manifestó su rechazo a la amnistía fiscal aprobada por el Ejecutivo mediante el Acuerdo Gubernativo No. 82-2017, ya que asegura que ésta es “una práctica que promueve la impunidad e irresponsabilidad de contribuyentes incumplidos y morosos, y debilita la moral tributaria de aquellos contribuyentes que pagan sus impuestos de forma íntegra y puntual”.

Asimismo, el Instituto refirió que esta medida es una violación grave al principio de justicia tributaria, porque constituye una protección excesiva y una ventaja injusta para quienes han incumplido sus obligaciones tributarias.

En el caso de los empresarios, impide la competencia libre y sin privilegios que ordena la Constitución Política de la República, principio sobre el cual, supuestamente, está basado el modelo económico prevaleciente”, manifestó el ICEFI a través de un comunicado de prensa.

Además, el Instituto advirtió que la frecuencia con la que los gobiernos han promovido amnistías fiscales provoca que los contribuyentes morosos ignoren la amnistía, convencidos que pueden esperar a que el Gobierno decida conceder un nuevo perdón tributario. Por ello, asegura, es una medida que fortalece la impunidad en materia fiscal y resulta contraria a la urgencia de una reforma fiscal integral y profunda que tiene el país.

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De acuerdo con cifras de la SAT, la recaudación tributaria en primer trimestre del año alcanzó los US$1,872.7 millones, lo que representa 9,6 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Mientras tanto, la meta de recaudación estipulada para este año asciende a US$7,902 millones.

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