La Nica Act que fue promovida por la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen y aprobada la semana pasada en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos ha generando un ambiente tenso en Nicaragua, ya que de ser promulgada por el presidente estadounidense, implicaría, entre otras cosas, que se reduzca la cooperación bilateral al país y que Estados Unidos use su poder de veto en organismos financieros internacionales para bloquear préstamos a Nicaragua.
Específicamente la ley de condicionalidad da posición a los representantes del gobierno estadounidense ante organismos financieros multilaterales para las solicitudes de crédito del gobierno de Daniel Ortega; permite usar la voz, voto e influencia en la Organización de Estados Americanos para que este organismo continental sea observador de las elecciones del 6 de noviembre de 2016; y prioridad a la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) de asistencia a la sociedad civil en programas de gobernabilidad democrática y derechos humanos.
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También establece la obligación del Departamento de Estado de los Estados Unidos de presentar al Congreso un informe sobre los actos de corrupción en los altos niveles del gobierno de Ortega, el Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, el cual deberá ser elaborado con apoyo de reportes de los servicios de inteligencia norteamericanos en un plazo de 120 días después de la aprobación del Nica Act.
Las implicaciones
Arturo Cruz, ex embajador de Nicaragua en los Estados Unidos de América, calificó como “trámite frívolo” la aprobación expedita y por unanimidad del Nica Act, porque los representantes estaban seguros que eso quedaría engavetado por el receso parlamentario que recién inició.
“La iniciativa entró a la subcomisión para América Latina y ahí se quedó estacionada, supongamos que de repente hay un interés en el tema, pero la verdad es que los espacios parlamentarios son reducidos” porque según prospección de Cruz, el Congreso se mantendrá en sesión hasta la primera semana de octubre para atender asuntos vinculados estrictamente al presupuesto de la nación norteamericana.
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En tanto, en Managua, dirigentes políticos opositores a Daniel Ortega Saavedra han reaccionado entusiasmados con la posibilidad de que al gobierno sandinista se le bloqueen los fondos para las inversiones públicas, que dependen 40% de la cooperación internacional.
Mientras en el portal web oficial de la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía del gobierno publicó: “La Nica Act sería el triste homenaje que le tributarían a los farsantes de la Democracia en Nicaragua” y alusión a la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen dice: “Los Estados Unidos (…) no deberían ser rehenes de una sobreviviente de la Guerra Fría que no es ni remotamente descendiente de las virtudes y los magnos ideales de George Washington. Una gran nación no debe empequeñecerse”.
Por su parte, el liderazgo de la oposición política evita celebrar la aprobación, sobre todo después de que el principal líder opositor -Eduardo Montealegre- fuera despojado de su diputación e inmunidad parlamentaria y sobre el pende la reactivación de juicios por supuestos actos de corrupción ocurridos durante la década pasada.
Adicionalmente, existen temores que la inversión privada se estanque, así lo analiza el economista Adolfo Acevedo en un reciente escrito publicado en un diario de circulación local: “Con total seguridad, una situación de drástico endurecimiento de la política de la mayor potencia del mundo respecto a Nicaragua incrementará de manera muy acentuada los niveles de incertidumbre sobre nuestra economía”.
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“Cuando la incertidumbre en un país es muy alta, los inversionistas, en vez de inmovilizar su capital por tiempo indefinido en el mismo, normalmente detienen sus inversiones y adoptan una posición de “esperar para ver qué pasa”, hasta que finalmente el panorama termine de despejarse. Esto es lo que normalmente provoca una caída económica”, concluye Acevedo.
