La iniciativa de ley de condicionalidad a las inversiones nicaragüenses (Nica Act, por sus siglas en inglés), se ha convertido en una temática coyuntural, no sólo en el contexto nacional sino internacional.
De acuerdo con Juan Bautista Arríen, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana (UCA), si es aprobada esta ley, los planes de inversión pública no contarían con las fuentes de financiamiento para organizar los programas anuales de contrataciones de las entidades estatales nicaragüenses.
“Incluso los proyectos en trámite o en ejecución, pueden dejar de ser financiados, opción plenamente legal según las normativas de adquisiciones de los organismos multilaterales. Nicaragua podría perder préstamos de organismos internacionales para financiar al menos un 10% de su presupuesto general y perdería desembolsos por unos US$ 250 a US$ 300 millones anuales”, aseguró.
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Esto afectaría significativamente al sector empresarial así como a toda la cadena productiva y comercial de diversos sectores, como la construcción, producción y cambio de matriz energética, transporte, salud, con posibles afectaciones a la gestión y ejecución de las políticas públicas del plan nacional de desarrollo del país.
Por su parte, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), ha solicitado que se tomen medidas para que la ley no se apruebe y apoya el proceso de diálogo que inició la Organización de Estados Americanos (OEA) con la administración de Daniel Ortega, para lograr cambios institucionales y electorales.
Álvaro Rodríguez, presidente de Amcham, exhortó al presidente Daniel Ortega, a que acelere el proceso de diálogo, ante el peligro de la aplicación de la nueva versión de la Nica Act en la que los congresistas norteamericanos demandan castigo a corruptos en el país.
“Hacemos un llamado a las autoridades nacionales a acelerar el proceso de diálogo y sobre todo buscar las reformas necesarias con el fin de restar argumentos al congreso de Estados Unidos para la aprobación de esta Ley”, expresó el dirigente empresarial”, expresa Rodríguez.
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Por otro lado, José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), reiteró su rechazo a esta ley debido a que cualquier disposición que perjudique al país no debe ser aceptada. Asimismo, consideró que hay que seguir buscando el fortalecimiento de la institucionalidad por la vía del diálogo y el entendimiento, como se ha estado haciendo con los acuerdos entre el Gobierno y la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Espero que la Nica Act no vaya en la dirección contraria a lo que ya se ha estado haciendo con la OEA, comparto la posición de la OEA sobre la preocupación ante la reactivación del proceso legislativo del proyecto de ley”, admitió Aguerri.
