El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) revocó el domingo la Resolución 1317 que establece reformas al reglamento de la Ley de Seguridad Social, con el fin de “facilitar la discusión y el diálogo”, sin embargo la mayoría de ciudadanos han seguido mostrando su inconformidad por otros temas como corrupción y el silencio del gobierno ante los ataques ha brindado la policía.
Las manifestaciones ya han cobrado la vida de más de 30 personas durante enfrentamientos iniciaron dos días después de que se anunciaran una serie de reformas tomadas unilateralmente por el Gobierno, las cuales aumentarían el aporte de trabajadores y empresas al INSS y deducen el 5% a las pensiones de los jubilados.
El domingo también se realizaron saqueos a diversos negocios propios, empresas privadas, supermercados y mercados, donde se creó una crisis colectiva ante la falta de alimentos. Estos actos de vandalismo fueron atribuidos a los estudiantes pero fotografías y vídeos confirman que las turbas del gobierno aliadas con la policía fueron los culpables.
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Los empresarios del sector textil advirtieron que después de cinco días de protestas, la situación actual de país “está poniendo en riesgo la operación y la continuidad de todas las empresas”, puesto que ya están sintiendo algunos efectos como afectaciones a la integridad física de sus colaboradores, pérdidas económicas significativas y oportunidades futuras para un crecimiento sostenible.
Por su parte el Consejo Superior de la Empresa Privada colocó condiciones para que el diálogo se lleve a cabo, sin embargo el Presidente Daniel Ortega las rechazó. Estas demandan el cese inmediato de la represión de la Policía Nacional y de las fuerzas de choque afines al Gobierno, la liberación de los ciudadanos detenidos por ejercer su derecho a expresarse libre y pacíficamente y la garantía de la libertad de prensa.
“Un diálogo no se puede condicionar, un diálogo debe ser abierto”, manifestó ayer Ortega, añadiendo que el primer tema que deberá tratarse es cómo “restablecer la seguridad, la estabilidad y la paz de las familias nicaragüenses” y posteriormente deberán discutir “el seguro, las reformas tributarias y otros temas”.
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A pesar de que llamó el diálogo, la madrugada del lunes fuerzas de la policía dispararon a los jóvenes que estaban dentro de la Universidad Politécnica de Nicaragua donde resultaron un muerto y 5 heridos. Medios aliados al gobierno desmintieron la presencia de la policía y aseguraron que Telemaco Talavera presidente del Consejo Nacional de Universidades había sido secuestrado por estudiantes.
Minutos más tarde la Arquidiócesis de Managua, quien había enviado a dos sacerdotes a mediar, desmintió afirmando que “Telemaco Talavera nunca estuvo secuestrado en la UPOLI , él llego por su cuenta y después de hablar con los estudiantes ya se ha logrado retirar sin ninguna alteración ni violencia”.
El lunes, el Cosep convocó a una marcha donde participaron diversos sectores económicos y población general, convirtiéndose en la mayor marcha nunca antes vista desde que Daniel Ortega empezó su dictadura.
