Después del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya del 19 de noviembre de 2012, cuando se dejó en manos de Colombia siete cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya habían sido reconocidas como colombianas en 2007 por la CIJ, y que asignó a Nicaragua algo más de 70.000 kilómetros cuadrados de mar, el gobierno nicaragüense interpuso dos querellas más.
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La primera por un supuesto incumplimiento del fallo; la otra reclamando una plataforma continental más allá de las 200 millas.
La jefa de la cartera de Relaciones Exteriores recalcó que el Gobierno colombiano, por mandato de la Corte Constitucional, no puede cambiar los límites del país por decisiones de tribunales, aunque fue esta la modificación establecida por la CIJ.
Colombia presentó en La Haya las respuestas a las dos demandas de Nicaragua hace dos semanas, en las que señaló que la Corte Internacional de Justicia no es competente para resolver este tipo de disputas.
En cuanto a la plataforma continental extendida, la canciller argumentó que ya la Corte, en sus fallos anteriores, ha mostrado su decisión sobre el asunto.
Por otro lado, en cuanto al incumplimiento del fallo, “la Corte no es el ente llamado ni tiene esa competencia para hacer cumplir sus fallos pues nos retiramos del Pacto de Bogotá en noviembre de 2012 y la interpretación que damos es que el retiro es inmediato”, dijo Holguín, quien recordó que la demanda se presentó casi un año después.
Pese a lo encendido de la disputa, estas sesiones sirvieron para que ambos gobiernos reiteraran su actitud de iniciar un diálogo para llegar a un acuerdo, “y eso es lo que seguramente, es lo que se va hacer”, dijo la canciller.
