El gobierno canalero avaló un proyecto de ley que crea la obligación de mantener registros contables para personas jurídicas que no realicen operaciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos dentro de la República de Panamá (offshore).
La norma establece que las personas jurídicas existentes de acuerdo con las leyes panameñas y que no realicen operaciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos dentro de ese territorio, estarán obligadas a llevar registros contables y mantener su documentación de respaldo. También se incluyó a las las fundaciones de interés privado en la nueva norma.
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Los soportes deberán ser mantenidas y estar disponible por un periodo no menor a cinco años y los mismos serán solicitados por entidades estatales al agente residente de la sociedad.
El gobierno también empoderó al Ministerio de Economía y Finanzas para solicitar, recabar y recibir toda clase de información necesaria por parte de fuentes financieras privadas, además de monitorear, inspeccionar, supervisar y fiscalizar in situ dichas fuentes para garantizar que cuenten con mecanismos, políticas y procedimientos de control interno ajustados a los nuevos estándares de regulación aprobados en 2015.
