Redacción
Esto según estimaciones de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces (Acobir). El asunto es sensible, dado que la construcción aporta hasta una décima parte del Producto Interno Bruto (PIB) del país, que el año pasado rondó los US$44,000 millones.
La Alcaldía de Panamá, que gobierna la ciudad capital, ha reconocido la situación, aunque sostiene que se trata de una reestructuración del sistema para otorgar los permisos, un tema de discusión recurrente en la urbe.
"Lo que se busca es que se haga de manera ordenada", insistió la vicealcaldesa Raisa Banfield, otrora crítica de la política de construcción en la capital. Por su parte Katherine Shahani, de la Acobir, instó a un diálogo.
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Este lunes, una asociación de residentes del barrio de Paitilla, uno de los de mayor concentración en la ciudad panameña, protestó en contra de la expedición de órdenes de construcción en la zona, que enfrenta problemas derivados de su densidad poblacional. Anteriormente habían cuestionado la estrategia que sigue el Gobierno Nacional para rezonificar lotes, el primer paso antes de permitir, generalmente, la edificación de torres.
Aunado a ello, San Miguelito, el segundo distrito más importante de la zona metropolitana, aumentó en 40% los avales para edificar.
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Según la Contraloría General de Panamá, el valor de los permisos de construcción en julio pasado era de US$114 millones, y el 85% era de la empresa privada. En noviembre, subió a US$165 millones, y un mes después bajó a $94 millones.
Pese a ello, el Ministerio de Trabajo reportó en la penúltima semana de enero pasado la inscripción de 5,000 contratos de trabajo, la mitad de ellos relacionados con la construcción.
