Nicanor Alvarado
Por ejemplo, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, propondrá al Legislativo la discusión de una nueva ley antiblanqueo de capitales, enmarcada en un listado de 24 acciones que la administración de Ricardo Martinelli dejó antes de abandonar el poder.
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"(Los efectos de estar en la lista gris del GAFI) son la principal amenaza que tiene la economía panameña", insiste de la Guardia, quien se reserva "por seguridad" el nombre de las industrias que desde julio del año pasado no pueden acceder al sistema financiero internacional para recibir o hacer pagos.
Aun así, las autoridades no parecen convencidas, de todos modos, con adelantar la entrada en vigencia de otra norma que inmoviliza las acciones al portador, de 2016 a 2015.
El tema ha generado intensos debates entre banqueros y abogados expertos, quienes difieren sobre la necesidad de inmovilizar las acciones al portador o no. Los primeros lo aclaman y los últimos piensan que hacerlo socavará la competitividad de la plataforma de servicios panameña.
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Además de estos temas, el gobierno pretende —antes de junio de este año— crear una nueva legislación sobre la Unidad de Análisis Financiero, y tipificar correctamente el financiamiento del terrorismo como un delito.
Con el trámite de una nueva ley antiblanqueo, el nuevo gobierno asegura que se habría cumplido el 60% de las metas trazadas para salir de la lista discriminatoria.
