Amafredo Castellanos
Colaboraron: Fany Alvarenga y Raquel Cortez
El Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, que conforman Guatemala, El Salvador y Honduras, para el cual el presidente de EE.UU. Barack Obama, ha comprometido US$1.000 millones a partir del próximo año, durante cinco años, se puso cuesta arriba, según analistas.
“La eventual aprobación de los recursos por parte del Congreso de Estados Unidos es algo que parece complicarse, está muy difícil”, dijo Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), con sede en Guatemala.
En los últimos meses, los tres gobiernos han venido trabajando en la definición y socialización de los objetivos, rutas e incidencias del Plan, pero el principal valladar se encuentra en el terreno político y apunta directamente a Guatemala, como el germen de los desacuerdos.
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Todo se origina en el debate por la continuidad o no de la Comisión Internacional contra la Impunidad para Guatemala (Cicig), establecida en 2007 para identificar y desmantelar a las mafias enquistadas en las instituciones y cuyo mandato concluye en septiembre.
Precisamente en marzo, en su segunda visita a Guatemala para reunirse con los presidentes de los tres países, el vicepresidente de EE.UU., Joseph Biden, lo primero que dejó claro fue que “el trabajo de organizaciones como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es muy importante” y que “es un tema que deben considerar”.
En una entrevista radial esta semana, el presidente guatemalteco, Otto Pérez, advirtió que no aceptará "presiones ni injerencias de otros países" y recordó que ya lo dijo frente al vicepresidente Biden.
Pérez defiende la autonomía guatemalteca para decidir sobre este tema y asegura tener el respaldo de sus colegas de El Salvador, Salvador Sánchez, y Honduras, Juan Orlando Hernández. Ellos están "de acuerdo en que se fortalezcan las instituciones propias, pero no a sustituir a estas instituciones", dijo.
Según el columnista del rotativo guatemalteco Prensa Libre, Haroldo Shetemul, “Las señales han traspasado la mesura diplomática y se han convertido en mensajes claros, tan claros como que no habrá Plan para la Prosperidad si se va la Cicig”.
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En El Salvador, Raquel Cortez, de la embajada de Estados Unidos, advirtió que “el éxito de esta iniciativa dependerá mucho más de cuán dispuestos estén los gobiernos de Centroamérica a seguir demostrando voluntad política; así como la voluntad de cumplir con compromisos políticos y financieros que se traduzcan en cambios positivos en la región”.
Factor determinante. Para Hidalgo, el interés de Estados Unidos en la continuidad de la Cicig obedece a que “debe oler mal los altos niveles de infiltración de intereses del crimen organizado, lavado de dinero, y cooptación de la institucionalidad, en general, de los tres poderes del Estado guatemalteco”.
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Otro aspecto que incidirá es el proceso electoral del propio Estados Unidos, que está muy cerca, indicó el analista. “El Plan para la Prosperidad está amarrado por varios frentes”, subrayó.
