Los diputados de Costa Rica aprobaron el proyecto de ley 21.248, sobre responsabilidad de cohecho, soborno trasnacional y otros delitos, que castiga a las empresas que comentan esta infracción; además, acordaron hacer cambios al texto del mismo para establecer el tipo de multas en estos casos.
Entre esos cambios, está que para las pequeñas y medianas empresas (pymes) que comentan algún soborno a un funcionario público recibirán una multa entre ¢13 millones y ¢89 millones (unos US$22.100 y US$150.200).
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Para la parte de las grandes empresas o transanacionales, en caso de infringir esta norma, deberán pagar la cantidad aproximada entre ¢450 millones y ¢4.500 millones (unos US$760.000 y US$7.7 millones).
La aprobación de esta ley es un requisito indispensable para Costa Rica en su intento de poder unirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
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