Con base a sus estudios técnicos, el el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) advierte que con la política fiscal actual de los Estados centroamericanos estos no podrán cumplir oportuna y plenamente los ODS.
El Icefi sostiene que Centroamérica es una de las regiones del mundo en donde persiste la visión filosófica que aboga minimizar el tamaño del sector público. Por un lado, esta realidad se refleja en el nivel de gasto público, el cual según los cálculos del organismo hoy se sitúa muy por debajo de lo que se requiere para poder cumplir los ODS.
Según los avances de un estudio que el Instituto planea publicar en abril de 2019, para poder cumplir varias metas de los ODS considerados como prioritarios, El Salvador, Guatemala y Nicaragua deberían en 2030 lograr incrementos en su gasto público en torno al 10% del producto interno bruto (PIB), en tanto que Costa Rica y Honduras deberían incrementar su gasto público en más del 6% del PIB y Panamá en 5.4% del PIB.
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“Los Estados deben considerar incrementar gradualmente los recursos destinados al gasto público social con prioridad en los sectores de salud, educación, programas de erradicación de la pobreza extrema y algunos rubros de inversión pública en infraestructura, como red vial, agua y saneamiento, aumento de la producción de energía eléctrica y transformación de la matriz energética para adoptar la generación de energías limpias”, asegura Icefi.
Sin embargo, la movilización de recursos domésticos en Centroamérica para cubrir esos incrementos del gasto público enfrenta desafíos técnicos y políticos muy serios, como cargas tributarias muy bajas y regresivas, la proliferación de privilegios fiscales injustificados y escasas herramientas para que las administraciones tributarias logren combatir la evasión y la elusión tributarias, especialmente en el campo de los flujos ilícitos de capitales.
Con ello, el Icefi advierte que el diseño, aprobación e implementación de reformas fiscales integrales en la forma de una Hoja de Ruta Fiscal para Centroamérica, que incluyan componentes robustos de política y administración tributarias, son condiciones ineludibles para que la región se acerque a una política fiscal que viabilice el cumplimiento de los ODS.
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A criterio del Icefi esta Hoja de Ruta Fiscal para Centroamérica debe contener:
1-Durante el período 2020-2022: modificación de las tasas o alícuotas de los impuestos: la supresión de privilegios fiscales injustificados (que incrementaría la progresividad de los impuestos); la disminución efectiva de la evasión (que incrementaría la productividad de los impuestos sobre la renta y sobre el consumo); revisión y evaluación de la gestión y del gasto público; revisión del marco de transparencia fiscal y políticas anticorrupción; revisión de los servicios civiles.
2-Durante el período 2023-2026: profundización del proceso de supresión de privilegios fiscales injustificados; primer incremento a las tasas de los impuestos sobre la renta, en algunos países, incremento al valor agregado o sobre ventas; profundización de las acciones contra la evasión, elevando la productividad de los impuestos sobre la renta y al consumo; renovar los marcos de evaluación y planificación; implementación de políticas efectivas de transparencia y probidad; e, implementación de reformas a los servicios civiles.
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3-Durante el período 2027-2030: en algunos países, segundo incremento a las tasas de los impuestos sobre la renta, al valor agregado o sobre ventas; e, incremento significativo de la productividad de los impuestos sobre la renta y al consumo, con la institucionalización y vigencia permanente de mecanismos estrictos contra la evasión de impuestos.
La Hoja de Ruta Fiscal para Centroamérica propuesta por el Icefi incluye además recomendaciones para avanzar en reformas estructurales en áreas como la modernización de la gestión pública, la planificación del desarrollo, la absorción doméstica de la nueva demanda del mercado y para la planificación y ejecución de planes con vocación ambiental. Estas medidas además de generar una mayor igualdad, tienen efectos positivos sobre el crecimiento económico y la generación de empleos, lo que redunda en más desarrollo y más garantías para la construcción de una Centroamérica democrática.
