De acuerdo a la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), el presupuesto salvadoreño tendrá un saldo rojo de más de US$605 millones que no fue incluido en el mismo. “El saneamiento de las finanzas públicas de El Salvador debe partir de contar con un presupuesto transparente y apegado a la realidad”, indicó el informe.
Según la institución, existe el aproximado de US$705.1 millones de gasto que no tiene financiamiento contemplado en el Presupuesto 2017, en donde US$605.1 millones corresponden al gobierno central y US$$100 millones a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).
Según Pedro Argumedo, analista de FUSADES, se hicieron reorientaciones que solo distorsionaron aún más las cifras del presupuesto, al reducir recursos de partidas que ya estaban subestimadas, o quitar recursos a instituciones que ya tenían recursos limitados. De acuerdo a lo detallado, se hizo una reducción de US$22.5 millones en el presupuesto de tres instituciones: Ministerio de Hacienda, Órgano Judicial y Corte de Cuentas.
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La mayor parte fue por el recorte de US$10 millones en las devoluciones del IVA y US$9 millones por las de renta, partidas que ya estaban subestimadas; también se restaron recursos a Medicina Legal y a las funciones de auditoría de la Corte de Cuentas, que tienen recursos limitados para ejercer sus funciones. “Esto refleja que no hubo un análisis serio sobre cuáles partidas recortar y sus implicaciones”, indica Álvaro Trigueros, director de estudios económicos de FUSADES.
Panorama ideal
De acuerdo a los analistas de FUSADES, se necesita un ajuste fiscal de mediano plazo que sea integral, tanto por el lado de los ingresos como de los gastos, pero que también considere una estrategia fuerte para impulsar el crecimiento. Si el país no logra crecer a tasas más elevadas, el ajuste no será suficiente. Además, plantean las siguientes opciones:
1. Una reducción del 5 % en remuneraciones el cual representaría un ahorro de US$122.5 millones. Lograr esta meta no implica despidos, sino suspender aumentos y otras prestaciones adicionales, así como congelamiento de plazas.
2. Reducción del 10% del gasto en bienes y servicios estimado al cierre de 2016, representaría un ahorro de US$99.7 millones. Varios de los gastos cuestionados caen en esta categoría, por lo que la medida no debería afectar el funcionamiento de las instituciones, si es aplicada siguiendo criterios de un manejo prudente de los gasto.
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3. La eliminación del subsidio del transporte y la focalización de subsidios generalizados al gas, electricidad y agua podría representar un ahorro de alrededor de US$174.4 millones. Según los analistas, esta medida no afecta a la población más desfavorecida que mantiene el subsidio.
4. Reducción del gasto de capital en US$50 millones; ya que una parte de la inversión puede realizarse a través de Asocios Público-Privados (APP). “Este ajuste fiscal es necesario para corregir el Presupuesto de 2017, sin que esto implique un aumento sustancial de la deuda”, afirmaron los analistas.
De acuerdo con los expertos, el presupuesto tiene graves fallas y omisiones, ya que no se cumplió con el mandato constitucional de incorporar todos los gastos para el normal funcionamiento del Estado. La aprobación de presupuestos no realistas es lo que ha mantenido en los últimos años, el círculo vicioso de deuda de corto plazo para financiamiento permanente de gasto corriente, evadiendo la aprobación legislativa, aseguraron.
