Juan José López Torres
En abril pasado, distintos actores de la sociedad se sentaron a discutir el planteamiento que busca consolidar el proyecto de gobierno electrónico para Guatemala. Pero ante la ausencia de la Firma Digital Electrónica (FEA), cualquier iniciativa estará huérfana, según Skarlette Anthone, directora ejecutiva del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, adscrito al Ministerio de Economía.
La FEA “enfrenta poca voluntada política para el desarrollo del gobierno electrónico; sin ella no sirven de mucho los sitios web” de los ministerios y entidades autónomas, que se han transformado para atender a los ciudadanos o han incorporado otras tecnologías en su quehacer, como biometría en el Registro Nacional de las Personas (RENAP).
Uno de los más interesados en ponerla en marcha es el sector privado, pero los costos de adquisición son elevados, el retorno de inversión es lento y la demanda de certificados digitales aún es escasa.
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Para el Registro, un campo con potencial lo tiene el gobierno mismo con los programas de beneficio social que entrega alimentos y bonos a personas en condiciones de pobreza y extrema pobreza, dado que muchas de ellas no saben escribir y usan la huella dactilar como comprobante.
Anthone cree que para la consolidación del gobierno electrónico es urge la implementación de la FEA con el mismo grado de importancia que lo hizo Costa Rica durante la gestión presidencial de Laura Chinchilla, lo cual además constituyó el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT).
De esta forma, por ejemplo, se reducirían los niveles de corrupción que afectan a Guatemala, transparentaría todos los procesos y permitiría avances en el Índice de Doing Business.
Consultada sobre la posibilidad de integrarla al Documento Personal de Identificación (DPI), explicó que, si bien es un medio ideal, no se concretó el proceso por parte de RENAP y el país perdió la oportunidad de tener un identificativo similar al que se usa en Asia, Europa, Norte y Sudamérica para agilizar la tramitología migratoria en aeropuertos.
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“Renap tuvo la oportunidad de implementarla pero no se concretó. España y Perú tienen el DNI, que usa firma avanzada, el cual se usa en el autobús, aeropuerto o para transaccionar. En India, su pasaporte tiene NFC que arroja toda la trazabilidad de una persona”, indicó Anthone.
En Guatemala hay dos certificadoras privadas y una pública que emplean normas ISO y WebTrust, EAL5, o EAL plus, con el modelo estándar 141-2.
La validez de una firma electrónica avanzada, a diferencia de la firma electrónica, es equivalente a una hecha a mano. Para usarla, se requiere de un certificado digital que es vigente durante dos años y se instala en un token USB, en una tarjeta digital o en una computadora. Concluido ese tiempo, se autodesactiva.
En caso de ser empleada fuera del país, es homologada por los entes certificadores de legalidad y estándar. Como medida de seguridad para el usuario, se bloquea tras cinco intentos fallidos. Los costos van desde US$76.00 a US$176.00 aproximadamente.
Debido a que el país no tiene dos acometidas de electricidad, los prestadores del servicio emplean centros de datos fuera del país, los cuales están certificados con Tier III y IV, y están conectados softwares internacionales para el proceso
