Redacción
Otto Pérez Molina, presidente de este país, tomó la decisión de extenderla con el fin de resguardar las instituciones de la influencia y cooptación por parte de las redes criminales. Esto debido al reciente caso de la Superintendencia de Administración Tributaria, donde se ve implicado Juan Carlos Monzón, empleado de confianza de la vicepresidenta Roxana Baldetti.
Según el reciente informe de la Oficina de Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA), los grupos clandestinos se han ido multiplicando y mejorando sus sistemas, logrando así ingresar a las instituciones del Estado, reconfigurando el poder desde adentro y alcanzando sus objetivos ilícitos.
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“El trabajo de la CICIG durante sus casi ocho años ha sido fundamental en la lucha contra las redes criminales. Mediante sus acciones, la Comisión ha logrado la provisión de importantes instrumentos de investigación para la persecución del crimen organizado”, aseguró Adriana Beltrán, coordinadora del programa WOLA.
Sectores como el Grupo Garante del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y Justicia, la Cámara de Comercio, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales el Movimiento Pro Justicia, entre otros; son parte del apoyo guatemalteco que tiene la CICIG.
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“Esperamos que el amplio apoyo a los esfuerzos de la Comisión respalde la adopción e implementación de las importantes reformas pendientes. Igualmente, es indispensable que el Estado y el organismo judicial faciliten las condiciones para el efectivo cumplimiento del mandato de CICIG”, comentó Beltrán.
