El 2016 arrancó con el reto de limpiar el sistema económico centroamericano de la corrupción; luego de los casos que se presentaron en la región durante el año pasado se plantea la necesidad de nuevas estrategias y un urgente cambio de ruta.
Olmedo Estrada, presidente del Colegio de Economistas de Panamá, advierte que la lucha contra la corrupción resulta un tema estratégico y aclara que para Centroamérica hay lecciones cercanas que deben servir para alimentar una acción más decidida y contundente contra el flagelo.
Las palabras de Estrada las acompaña Guillermo Peña, empresario y politólogo hondureño, quien considera que para que la lucha contra la corrupción sea efectiva, también debe involucrar al ciudadano y advierte que el tema debe ser una prioridad para los países de la región de cara al interés de atraer inversiones.
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“El problema social no es exclusivo de los políticos y gobernantes. Empresarios y ciudadanos también tienen responsabilidad de que el desempeño económico se realice sobre un sistema institucional débil. Mientras eso persista, los países centroamericanos no atraerán inversiones fuertes y por ende, su desarrollo será limitado, con un sistema donde la ley no se respeta, y las patentes y los contratos no gozarán de proyección y garantías”, asegura Peña.
“No dar un paso atrás”
Óscar Vásquez, director de Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, considera que si bien el impacto de la corrupción en los países de Centroamérica no es uniforme, a corto o mediano plazo sí puede profundizarse en aquellos países donde aún no llega a niveles dramáticos.
Según Vásquez, durante el 2015 hubo avances valiosos en la región en la lucha contra la corrupción, por lo que plantea la necesidad de “no retroceder”. El despertar de las sociedades es la primera luz de que ya no hay posibilidad de hacerlo.
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Aquí coincide Oscar Emilio Castillo, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), quien considera que para optar por modelos de Estado libres de corrupción, la región debe “aprovechar las lecciones aprendidas y mantener la misma ruta”.
“Grandes crisis, grandes oportunidades. Siento que después de esta crisis que puso a prueba, más que todo a nosotros los ciudadanos, nos permitió defender y respetar la institucionalidad, que es lo que más confianza nos otorga en el desempeño dentro de un sistema democrático. Estamos respetando las instituciones y eso es lo que fortalece el Estado de Derecho y proyecta a un país, a una región”, indica.
La fórmula anticorrupción
El empresariado guatemalteco ha manifestado que uno de los retos para mantener la continuidad de la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional en seguridad y justicia obedece precisamente al financiamiento y la exigencia de recursos.
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Ante esto, plantearon a finales del 2015 un Plan Nacional de Seguridad y Justicia, que hizo eco en ese momento a la propuesta del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), Iván Velásquez, de convocar a un diálogo nacional para determinar prioridades.
El proyecto consiste en la creación de una comisión similar a la que él dirige pero con alcance transnacional para el Triángulo Norte, pues Velásquez afirma que un delito transnacional requiere una respuesta transnacional. Dicho proyecto es pensado para el largo plazo, ya que los países deberán llegar a un consenso donde los tres países tengan un mismo plan de lucha contra la corrupción.
