Frente a su inminente detención por orden de un juez de Alto Riesgo, Pérez, cuya inmunidad fue retirada el martes por el Congreso, una decisión que fue ratificada el miércoles por la Corte de Constitucionalidad (CC), comunicó su renuncia en una carta enviada al Congreso de Guatemala.
“Con la convicción de hacer lo correcto, me dirijo a usted y al honorable Congreso de la República para presentar mi renuncia al cargo de presidente de la República de Guatemala”, dijo Pérez en su carta enviada al presidente del poder legislativo, diputado Luis Rabbé.
El documento fue recibido en el organismo legislativo a las 11:58 horas del miércoles 2 de septiembre. La madrugada del jueves fue comunicada por el vocero del mandatario, Jorge Ortega. De inmediato la noticia se difundió profusamente en medios internacionales, especialmente en Europa, por la diferencia de horario.
“En la situación actual y teniendo en cuenta por sobre todo el interés del Estado, me corresponde continuar con el debido proceso y por lo tanto presentarme ante la justicia y dirimir mi situación personal“, añade.
La dimisión fue firmada a las 19:00 horas del miércoles (hora local, 01:00 GMT del jueves) y la carta llego al Congreso poco antes de la media noche, confirmó Ortega en un comunicado enviado a la prensa.
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La dimisión de Pérez, un general retirado de 64 años, obedece a su deseo de “mantener la institucionalidad del Ejecutivo y resolver en forma individual el proceso que se lleva en su contra”, explicó a periodistas el portavoz.
La dimisión se produce después de que la fiscal general, Thelma Aldana, comunicara la orden de captura ordenada contra el ex mandatario por el juez Miguel Angel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo. Este juez emitió una orden de arraigo (prohibición para salir del país) el martes, inmediatamente después que el Congreso votó unanimente para retirarle la inmunidad.
Pérez está acusado de haber encabezado un red criminal de cobro de sobornos a cambio de facilitar la evasión de impuestos en importaciones aduaneras, un caso conocido como “La Línea”.
Pérez se había quedado sin apoyos, pues incluso los diputados del oficialista Partido Patriota (PP) votaron en su contra en la histórica sesión del martes.
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Aldana advirtió el miércoles que la Fiscalía estaba en “total libertad” para investigar “cualquier línea” en las actividades de Pérez, después que la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó de dos amparos interpuestos por el mandatario contra el acelerado trámite que se dio al expediente para la retirada de su inmunidad.
Pérez debe comparecer este jueves ante el juez Gálvez, a cargo del caso “La Línea”, quien decidirá su lo vincula a proceso y emite un auto de prisión preventiva en su contra.
Gálvez ya resolvió en esa dirección en el caso de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, que ingresó la noche del miércoles en una prisión común de mujeres.
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Tanto Pérez como Baldetti fueron denunciados en los niveles más altos de dirección de la estructura “La Línea” el 21 de agosto por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), un organismo de la ONU.
Los hechos se registran a sólo tres días de la celebración de comisios generales el domingo.
