Seis meses han pasado desde que fue publicado el decreto a través del cual el Congreso de la República autoriza que la información bancaria de las empresas y personas individuales fuera de acceso a la Superintendencia de la Administración Tributaria (SAT).
Esta normativa estableció que la SAT podrá requerir a las entidades sujetas a vigilancia de la Superintendencia de Bancos (SIB), cooperativas de ahorro y crédito, entidades de microfinanzas, y los entes de microfinanzas sin fines de lucro, información sobre las operaciones bancarias de personas individuales o jurídicas en las que considere que existe duda razonable en torno a actividades u operaciones que ameriten proceso de investigación.
Según se detalló, este requerimiento será procesado por las entidades financieras siempre y cuando la SAT cuente con autorización de juez competente.
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La discusión de Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal y la Gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria se llevó a cabo en el Congreso de la República durante 2016. En ese momento, el superintendente Juan Francisco Solórzano Foppa insistió en que era necesario autorizar el acceso a la información tributaria de los contribuyentes con fines fiscales y por medio de la autorización de un juez.
Por otro lado, Jairo Flores, presidente de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso, explicó en su momento, que esta normativa da mayores herramientas a la SAT para poder cumplir con las metas de recaudación establecidas.
Expertos de la división de Impuestos de Deloitte Guatemala, explican que mucho se ha la mayoría de países que han promovido este tipo de acciones buscan que la misma cumpla dos funciones fundamentales: Evitar la fuga de capitales hacia jurisdicciones fiscalmente más favorables y evitar el lavado de dinero de forma más efectiva y transparente.
Walter Martínez, socio líder de la división de Impuestos y Legal de Deloitte Guatemala, explica que desde un punto de vista netamente económico y fiscal, el secreto bancario podría eliminar la competencia desleal que se promueve al no tener una forma certera de asegurar que el total de los ingresos generados por las compañías y personas individuales en Guatemala, tributan impuestos.
“Sin embargo, es importante tomar en cuenta que la mayoría de la población económicamente activa forma parte de la economía informal y seguramente es allí en donde se tiene la principal fuga de tributos”, enfatizó.
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Por otro lado, para las entidades que serán alcanzadas por esta normativa relacionada con el secretario bancario, el impacto será importante pues en caso de que la SAT compruebe irregularidades en algunas de sus actividades u operaciones se exponen a una sanción, en el mejor de los casos, del impuesto omitido más el 100% de la multa e intereses, o como se ha visto recientemente en el país, en la privación de su libertad.
“Esta normativa, debe entenderse, que no sólo tiene carácter empresarial, sino que todos los guatemaltecos nos encontramos obligados a cumplirla”, expresó Martínez.
