La Organización Internacional del Trabajo (OIT) refleja en su último informe “Economía Informal ¿Democracia a medias?” que en Latinoamérica hasta el 2014 habían 127 millones de personas que trabajan en condiciones de informalidad, lo cual representaba el 47.7 % del total de personas que trabajan en la región.
De la región las tasas de informalidad superiores al promedio de América Latina los tenían estos países: Honduras (70.7 %), Perú (68.8 %), Paraguay (65.8 %), El Salvador (65.7 %), Colombia (56.8 %), México (54.2 %), Ecuador (52.2 %) y República Dominicana (50 %).
De acuerdo a Miriam Cruz, Catedrática de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en El Salvador 2 de cada 3 empleos son informales, “no tienen un contrato ni protección social (seguridad social y pensión) y no están amparados por relaciones laborales formales”.
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Trae a referencia que la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múliples (DIGESTYC, 2012), la tasa de participación económica de las mujeres fue de 48 % y la de la población juvenil de 52 %, muy inferiores al promedio nacional de 63 %. Estos dos grupos poblaciones, así como otros en condición de vulnerabilidad (personas que viven en el área rural, que tienen discapacidad, entre otros) se ven obligados a trabajar en la economía informal.
Martha Morales, vocera de World Vision, señala que en El Salvador falta aplicar acciones integrales desde un acuerdo de país. “Hay que partir que la informalidad es acompañada por falta de protección social y por baja productividad y bajos salarios, por lo que se requiere de una respuesta integral para enfrentarla. Aunque hay avances, estos son insuficientes, de ahí que sea necesario establecer el tema del trabajo decente en la agenda nacional, facilitar un diálogo social y definir políticas públicas deliberadas y transformadoras, que se consoliden en un proyecto de país inclusivo”, agregó.
Con base a las previsiones de crecimiento más recientes, dijo, se estima que el desempleo mundial crecerá en 1,1 millones más en el 2017, según el informe “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2016”, “quienes sufren esto serán las economías emergentes, ya que según el estudio de la OIT podría ser un incremento del desempleo de 2,4 millones”.
Cruz señala que los desafíos son grandes, sobretodo cuando se habla que se han perdido más de 10 mil empleos entre enero a marzo de este año y que el Gobierno señala como mentiras, “la verdad es que cada vez el empleo es más escaso sobre todo para el segmento joven que busca incursionar al mercado. La situación se podría mediar con una política pública fuerte que ayude a combatir tanta gente desempleada”.
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De acuerdo a la OIT, de la población económica activa que parte de 15 a 29 años y andan en busca de empleo, más del 10.4% no lo consigue. Esa cantidad de jóvenes sin empleo se suma a la tasa de desempleo general de la nación que llega al 6.1%. “Lo que sucede es que al no encontrar empleo, este segmento se inclina a los trabajos informales que representa más del 60%; esto significa que uno de cada tres jóvenes se encuentran actualmente en la economía informal por la necesidad de subsistir económicamente”, aseguró Gerson Martínez, coordinador nacional de proyectos de empleo juvenil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Y en promedio 100 mil jóvenes se encuentran en la categoría “Ninis”, es decir ni estudian ni trabajan, “muchos de ellos ni siquiera han terminado el bachillerato y son radicados en el sector rural, donde no existen ofertas cercanas de empleo”, señaló.
Morales argumentó que con este trasfondo, las políticas dirigidas al sector informal deberían tener en cuenta la heterogeneidad de los grupos, así como el predominio de las condiciones de precariedad laboral. “De ahí que es necesario implementar políticas específicas para grupos concretos”.
