Los países de la región deben encaminarse a modernizar sus sistemas tributarios para evitar caer en crisis fiscales, principalmente Costa Rica y El Salvador. Aunque a nivel general la situación fiscal en la región es buena y sostenible, el nivel de la deuda crece y eso genera presiones fiscales en los mercados internos de cada país.
De acuerdo al informe “La sostenibilidad de la deuda pública de los países de Centroamérica”, realizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), la región ha experimentado problemas en el cumplimiento de los compromisos de la deuda como consecuencia de la gran cantidad de necesidades de la población, de la insuficiente cantidad de recursos tributarios para financiar los gastos públicos y de la carencia de buenos sistemas de administración pública.
Los resultados del estudio revelan una tendencia creciente de la deuda de la mayor parte de los países de la región, debido a la imposibilidad de generar superávits primarios que puedan ser utilizados para financiar los montos derivados del servicio de la deuda. Por ello, para 2015 los países de la región presentaban un nivel de deuda promedio del 37.9% del PIB, destacando que tres de los mismos ya sobrepasan el límite del 40% del PIB sugerido como máximo por los organismos financieros internacionales
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Representantes del Banco Mundial para Centroamérica y de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca) se reunirán este mes de marzo en la gira de eventos Visión 2017 para discutir este y otros temas que atentan contra la estabilidad financiera de la región.
Según Abelardo Medina, analista del ICEFI, los países con mayor probabilidad de sufrir una crisis de insostenibilidad fiscal de corto plazo son Costa Rica y El Salvador, mientras que los países que tienen menos probabilidad en el corto plazo de verse envueltos en problemas de sostenibilidad fiscal son Nicaragua y Panamá, como consecuencia de un manejo fiscal prudente por parte del primero de ellos, y por las significativas tasas de crecimiento económico que reporta Panamá desde hace varios años.
El Instituto detalla que los montos nominales de endeudamiento de todos los países de la región han manifestado un crecimiento continuo. Los datos muestran que Honduras cuadriplicó su monto nominal de endeudamiento entre 2008 y 2015, Costa Rica lo triplicó, mientras que Guatemala, Nicaragua y Panamá lo duplicaron.
En cuanto a los destinos hacia los que los países centroamericanos dirigen los ingresos procedentes del endeudamiento son muy variados. Costa Rica, El Salvador, Guatemala y, en los últimos años, Honduras, destinan una buena parte de los ingresos por endeudamiento a la amortización de saldos de endeudamiento contraídos en períodos anteriores, lo que denota la incapacidad de los países de generar superávits fiscales para financiar el servicio de la deuda.
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“Esta práctica resulta en la existencia de un esquema similar en la dinámica de endeudamiento de los países, en la cual contraen deuda para poder pagar la deuda contraída, lo cual solo genera una continua dependencia del endeudamiento”, refiere el estudio.
El analista explica que un indicador muy importante para el seguimiento de la sostenibilidad de la deuda pública es la carga anual que significa sobre el presupuesto la necesidad de honrar, año tras año, los intereses que provienen del endeudamiento. Los datos obtenidos muestran que Costa Rica tiene un promedio de 16.9% de los ingresos presupuestarios utilizados para el pago de intereses procedentes de la deuda pública.
Mientras tanto, El Salvador reporta un 14.7%, y Guatemala, un 13.2%. “Esto denota que ambos son los países en los que el peso del pago de intereses sustrae de manera más amplia recursos del presupuesto y que, en condiciones normales, debieran estar siendo utilizados para financiar el desarrollo”, refiere el informe.
En esta misma línea, Honduras reporta el 10.7% del presupuesto, y Panamá y Nicaragua reportan que el 8.6% y el 5.3% de sus ingresos presupuestarios, respectivamente, están comprometidos para atender a los intereses de la deuda, “por lo que no parece ser un peso muy significativo que les impida continuar con sus estrategias de desarrollo”.
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Ante este panorama, Medina expone que todos los países de la región deben avanzar hacia el establecimiento de mecanismos de gestión integral de su endeudamiento público, de manera que se pueda realizar un apropiado análisis de beneficio-costo previo a su contratación, que garantice tanto el mayor retorno social posible como las mejores condiciones de endeudamiento en términos de procedencia (acreedores, interés, plazos, entre otros).
“De esa forma el endeudamiento podrá convertirse en una poderosa herramienta para potenciar el desarrollo de las naciones, sin poner en riesgo la sostenibilidad de sus finanzas públicas”, dice el informe.
