De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la lucha contra la corrupción en América Latina está convirtiéndose en una prioridad. La región ha estado a la vanguardia internacional con la adopción de una convención contra la corrupción (a cargo de la Organización de los Estados Americanos), que ha servido de modelo para otros.
Muchos países de la región han actualizado sus marcos jurídicos y judiciales (por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y Perú). Además, otros han introducido y afianzado los requisitos que rigen la declaración de bienes; y algunos están tomando medidas para reforzar la transparencia fiscal.
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En gran medida, esto gira en torno al cumplimiento de los marcos jurídicos actualizados, pero ya se comienzan a palpar resultados concretos. La ofensiva reciente del Brasil (operación Lava Jato), la cual fue pionera en la región, refleja un poder judicial más eficiente, fiscales independientes debidamente equipados con los recursos y el apoyo decidido de los medios de comunicación y la sociedad.
Asimismo, en los últimos años, Guatemala, por conducto de su Comisión Internacional contra la Impunidad reveló satisfactoriamente casos de evasión impositiva, lavado de dinero y financiamiento ilegal. Perú y la República Dominicana, entre otros, han presentado con decisión acusaciones contra antiguos funcionarios de alto nivel vinculados con el escándalo de Odebrecht.
Según el FMI, la efectividad de una estrategia anticorrupción requiere de marcos jurídicos sólidos, intensidad en las tareas de cumplimiento y depuración, y perseverancia. Además, da algunas recomendaciones al respecto:
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1-Reforzar la transparencia y la rendición de cuentas
La mayor transparencia es fundamentalmente importante para frenar la corrupción, ya que esta aumenta las posibilidades de detección a un determinado nivel aplicación de la ley. Entre las medidas tradicionales para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas se encuentran: leyes sobre libertad de información, declaraciones de ingresos y bienes, auditorías aleatorias, fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública y el ámbito fiscal, y la mejora de la gestión de gobierno en empresas del Estado.
2-Fortalecer los procesos de contratación pública e inversión
Marcos contractuales y de ejecución más sólidos, la eliminación de las excepciones ad hoc, y posiblemente la exclusión de las renegociaciones contractuales en el corto plazo pueden contribuir a superar estas lagunas fiscales y establecer un marco de transparencia. Otras iniciativas podrían consistir en garantizar subastas competitivas, realizar licitaciones obligatorias para gastos públicos adicionales, proporcionar información íntegra sobre los contratos adjudicados y sus modificaciones, dar seguimiento al gasto en contrataciones públicas, y formular políticas para reducir las prácticas corruptas de enriquecimiento en la tenencia y la zonificación de tierras.
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3-Eliminar las reglas innecesarias
Las regulaciones excesivas generan oportunidades de corrupción al crear fuentes artificiales de ingresos. El fomento de la competencia y la reducción de los trámites burocráticos son ingredientes centrales en la lucha contra la corrupción.
4-Abordar los costos a corto plazo
Las iniciativas eficaces para dejar al descubierto la corrupción pueden generar incertidumbre en el corto plazo. Esto podría entorpecer la toma de decisiones en el sector público e impedir la inversión. En este contexto, las medidas para reducir estos costos de la transición ayudarán a respaldar el proceso, y podrían incluir la mejora de los marcos judiciales, un marco claro para manejar los acuerdos de indulgencia y la negociación de condenas y leyes de quiebra flexibles y eficientes (para garantizar que los bienes sigan activos). Por otra parte, los servicios de crédito podrían ser minuciosamente diseñados para aliviar las contracciones del crédito durante períodos de mayor incertidumbre.
