Esta reacción se da luego de que el Presidente Jimmy Morales y el Ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, presentaran al Congreso de la República una propuesta de Reforma Fiscal, atribuyendo la necesidad de su implementación al estancamiento y deterioro de la situación financiera del Estado.
La propuesta de ley contempla modificaciones en el sistema de Impuesto sobre la Renta (ISR), a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), al Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo y Cemento, así como a la Ley de Minería, entre otras.
Según se detalló, la iniciativa de Ley de Reforma Fiscal busca aumentar el financiamiento de gastos prioritarios como educación, salud, vivienda y seguridad alimentaria. Además, está orientada a propiciar el crecimiento económico del país.
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“El principio primordial es que el que gana más, pague más. Lo que buscamos es que la recaudación mejore”, expresó Morales, a través de sus redes sociales, luego de que se hiciera pública su intención de aumentar la carga impositiva actual.
El Ejecutivo asegura que, de ser aprobada la Reforma Fiscal, se podrían generar ingresos adicionales al fisco de más de US$778.38 millones
Sin embargo, para Nicholas Virzi, vicepresidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AMCHAM), existe gran preocupación en varios sectores de la sociedad sobre la legitimidad de la propuesta del Ejecutivo.
Según Virzi, dada la coyuntura nacional actual, el país primero urge una reforma estatal para luego poder contemplar una reforma fiscal integral. “El pueblo necesita saber a dónde van a ir los ingresos que está pidiendo el Estado, y cómo se le va a retornar en materia de inversión pública, salud, educación, infraestructura y seguridad”, asegura.
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Se requiere transparencia
El analista político Pedro Trujillo coincide con Virzi y hace hincapié en que es necesario definir para qué el Ejecutivo necesita hacer una reforma tributaria para pagar servicios públicos, si de momento no se conoce cuál es la planilla que sostiene dichos servicios.
“Yo no estoy dispuesto a hablar de reforma tributaria sin saber cuánto dinero se necesita y para qué se necesita, principalmente debido a los múltiples señalamientos de corrupción y mal uso de los recursos del Estado que enfrenta el Gobierno”, expone Trujillo, quien enfatizó en que la primera exigencia del ciudadano al Ejecutivo debe ser conocer qué se va a hacer con el dinero recaudado.
Por su parte, Hugo Maúl, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), no ve con buenos ojos una propuesta que surge en medio de una molestia ciudadana ante la disfuncionalidad del aparato público. “Esto se viene a sumar al clima de desconfianza e incertidumbre que ya se vive en Guatemala y conduce a la pérdida de oportunidad de hacer los cambios que el país verdaderamente necesita”, expresa.
Los analistas coinciden en que se considere que en caso de realizar una reforma fiscal, ésta debe ser beneficiosa y equilibrada para la población, lo cual implicaría proponer, debatir y consensuar con todos los sectores.
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Para que dicha propuesta sea válida, explican, ésta no sólo debe considerar el incremento de la carga tributaria sino que aborde otros temas de política fiscal de forma más integral con el propósito de lograr el objetivo propuesto por el Estado, pero sin afectar a determinado sector de la población.
“El verdadero costo de la reforma radica en qué se va a hacer con los recursos, porque si éstos van a ser malgastados simplemente viene a abonar a lo que ya hoy se malgasta y se desperdicia”, enfatiza Maúl.
El analista de CIEN expone que una reforma como la que está promoviendo Morales resulta ser un lastre muy grande para la economía guatemalteca. “Con esta reforma se quiere volver a un sistema de cobrar impuestos que no solo es costoso sino que es difícil de entender y que provoca una serie de efectos negativos, sobre todo en lo relacionado con las malas prácticas”, declaró.
