Aun así Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda de Costa Rica, señaló que el cambio debe darse bajo el principio de los costos fiscales que pueda tener en la contaminación o el cambio climático. “La limpieza de un río resulta mucho más costosa que si se pasara una política de prevención para evitar que se contamine”, agregó.
Por su parte Edgar Balsells, ex ministro guatemalteco de finanzas publicas califica de “pésimo” el marco jurídico que hay en Guatemala para evitar la contaminación sobre todo a través de sanciones fiscales.
En el caso de Nicaragua no existe una normativa fiscal que lleve a la práctica el principio de “quien contamine paga”. Lo que existe es un marco jurídico que establece algunas sanciones monetarias, pero muy pocas veces aplicadas. Así lo explicó el Centro Humboldt de ese país.
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Acciones en República Dominicana
Teniendo en cuenta que en este país el 30% de las emisiones de CO² son producidas por la plaza vehicular cuentan una normativa sobre hidrocarburos que crea impuesto por emisión CO2 e impuesto sobre hidrocarburos para desarrollo vial y renovación del parque vehicular de uso público.
Para Gustavo Mena, socio de la firma de abogados Pellerano & Herrera los ajustes que debería hacer República Dominicana en las regulaciones para incorporar reformas fiscales con castigo a los que contaminan e incentivo a los que mitigan es una realidad tanto de países desarrollados como aquellos en desarrollo, la distinción solo debe recaer de acuerdo a sus realidades políticas, ambientales, sociales y económicas, y conforme a estas tomar la decisión de aplicarlas o no.
“Uno de los objetivos del Tercer Eje estratégico de la política nacional de desarrollo contempla la ampliación de la base contributiva y la racionalización de los incentivos a otorgar y conjuntamente con los compromisos nacionales y retos a ejecutar en el marco del acuerdo COP 21 nuestra nación está obligada adoptar este tipo de esquema”, añadió Mena.
La justicia dominicana condenó a empresa por contaminación
Los caminos viables
Para el juez del Tribunal Ambiental de El Salvador, es posible establecer formas para reducir el impacto ambiental por la via del ingreso, estableciendo impuestos y por la vía del gasto, mediante incentivos fiscales y subsidios a actividades que protegen el medio ambiente.
El apoyo del gremio empresarial sería un buen parámetro para medir el compromiso del sector privado con la búsqueda de un crecimiento económico sostenible. Ya que las posibilidades de contar con un desarrollo sostenible pasa porque el sector privado transforme su comportamiento, es decir que las empresas transiten hacia tecnologías y prácticas de producción más amigables con el medio ambiente, según lo expresó Lourdes Molina, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
