Ricardo Ellner
El bienestar social parece estar en deuda en Honduras, pues ha sido unos de los pilares que ha sacrificado el gobierno de Juan Hernández para poder lograr una estabilidad económica relativa, según lo dio a conocer por medio de un estudio el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
El documento denominado “Estabilización sin desarrollo: un análisis de los primeros dos años del Gobierno de Honduras”, muestra la drástica caída del déficit fiscal que de un 7.9% del PIB en 2013 se redujo a la 3.5% en 2015.
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Sin embargo, también señala el fuerte impacto en el ingreso disponible de la mayoría de la población al aumentarse la regresividad del sistema tributario hondureño, como efecto del incremento de los impuestos indirectos, que por el lado de los ingresos, financiaron dicha reducción.
El economista e investigador del Icefi, Hugo Noé Pino, destacó que el incremento de la carga tributaria de 15.1% del PIB en 2013 a 17.8% en 2015 se hizo, sin considerar ningún esfuerzo por aumentar la progresividad. Por otro lado, mencinó que las exoneraciones fiscales, muchas de ellas injustificadas, ascienden según declaraciones oficiales a unos US$1.2 millones equivalentes a cerca del 6% del PIB.
Deuda pública
Honduras cerró 2015 con una deuda pública, que suma las deudas externa e interna, de US$9.123,4 millones (46,4 % del PIB), cifra 6,5% superior al saldo registrado al cierre de 2014, que era de US$8.565,8 millones, según datos oficiales.
Desde la visión de Pino, la política fiscal que ejecuta el gobierno de Hernández está llena de “opacidades y carencias”, lo cual no apoya el crecimiento económico del país, ya que en los últimos dos años ha sido menor al 3,6 % del PIB.
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“Este moderado crecimiento tiene menos aportes positivos”, resalta el documento, que apunta que la tasa de desempleo en el país centroamericano entre 2013 y 2015 se ubicó en “un poco más del 50 %” de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que califica como un “panorama dramático” para la fuerza laboral de Honduras.
Referente al gasto, el estudio indica que se han registrado aumentos significativos en los desembolsos en defensa y seguridad, mientras que los recursos para salud, educación, e infraestructura económica se han mantenido congelados o en algunos casos, disminuidos.
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“El único gasto social que se ha visto fuertemente incrementado es el de asistencia social, en rubros relacionados con los programas presidenciales, entre los que destacan: Bono diez mil, Techos seguros, Pisos de cemento, Crédito solidario y Bolsas familiares, entre otros. El monto de estos programas representa cerca del 2% del PIB, y buena parte de ellos se manejan de manera poco transparente por medio de fideicomisos”, resalta el informe.
Tranparencia
El Icefi insistió en que el uso de fideicomisos para la ejecución del gasto no contribuye a la trasparencia en el manejo del presupuesto. Asimismo, el Instituto reiteró la recomendación de que estos recursos sean incorporados al presupuesto no como asignaciones globales, sino como programas específicos que tienen previamente aprobados su rubro de gastos. Lo contrario es asignar “una caja chica” a quienes lo manejan.
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Por otro lado, la fuerte limitación del presupuesto público debido a que el pago del servicio de la deuda y el monto de los salarios ascienden en los últimos años a cerca del 60% del gasto del gobierno central.
Pino reiteró que una política fiscal con las opacidades y carencias de la hondureña no apoya al crecimiento económico; en los dos últimos años este crecimiento ha sido menor al 3.6% del PIB, es decir, que en términos per cápita no llega al 2%.
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“Este moderado crecimiento tiene menos aportes positivos al analizar los sectores que lo impulsan, como es el caso del sistema financiero, telecomunicaciones, energía y algunos sectores del comercio que se caracterizan por un absorción baja de empleo. De hecho, los datos de empleo entre 2013 y 2015 muestran un aumento del desempleo abierto, que junto con el subempleo, ascienden un poco más del 50% de la PEA, panorama dramático para la fuerza laboral hondureña”, subrayó el investigador.
Entre tanto, el estudio del Icefi recalcó, que al iniciarse el año preelectoral 2016, en Honduras se debe evitar que la política fiscal caiga nuevamente en el ciclo político de ajustes los dos primeros años y gasto excesivo los dos siguientes años. El perjuicio que se le hace a la economía en su conjunto y a los sectores más desposeídos obliga a una política fiscal responsable, en la que se asignen los recursos donde más se necesitan.
