Con este fin, 30 instituciones del Gobierno costarricense trabajarán bajo la coordinación del Ministerio de Comercio Exterior. Se deberá elaborar un Memorándum Inicial según 250 instrumentos legales de la OCDE que evalúan la viabilidad del país para implementar las políticas y las prácticas de la Organización.
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Estos instrumentos, que son el resultado de la labor de los comités de la OCDE, basado en el análisis profundo y el reporte del desempeño del país en temas como el comercio, agricultura, estadística, fiscalización, empleo, pensiones, educación, salud, entre otros, es decir, la totalidad de los campos más relevantes para cualquier Estado.
Además, durante el proceso, expertos de la Organización visitarán el país para efectuar revisiones técnicas según diversos cuestionarios.
El Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, manifestó que con la adhesión el país contará con una “herramienta clave para su desarrollo” y que “el proceso de ingreso a la OCDE es un compromiso hacia los mejores estándares en la administración pública y eficiencia de los mercados, en el marco de la más alta transparencia lo que contribuirá al clima de negocios y de inversión para brindar mejores condiciones de vida a los costarricenses”.
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La OCDE está conformada por 34 países, entre los que destacan las potencias mundiales y economías emergentes. Costa Rica y Lituania son parte de los esfuerzos de la organización por ampliar su zona de influencia y apoyar a países menos desarrollados.
En la actualidad los únicos países latinoamericanos pertenecientes a la OCDE son México (miembro desde 1994) y Chile (integrado en 2010). En 2013 se aprobó el proceso de adhesión de Colombia y Letonia, proceso aún en curso.
En cuanto a los aportes de la Organización para la zona de América Latina y el Caribe está el primer estudio Panorama de las Administraciones Públicas: América y el Caribe 2014, realizado de manera conjunta con el Banco Interamericano de Desarrollo, mide el desempeño gubernamental de todos los países del istmo y algunos de Caribe en las categorías de finanzas públicas, empleo y salarios, procedimientos presupuestarios y contratación pública.
