Amanda Rodas
“Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento”, afirmó hace unas horas la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, refiriéndose a las últimas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la que despoja al Parlamento de sus poderes y a los diputados de su inmunidad, que a su juicio es una “ruptura del orden constitucional”.
La fiscal, durante la presentación del balance del Ministerio Público, se refirió a las sentencias número 155 y 156 del TSJ la cual “constituyen una ruptura del orden constitucional”, declaraciones que marcan un cambio radical en el que discurso que Ortega Díaz, funcionaria ‘chavista‘, ha mantenido hasta ahora en apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro.
“En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución(…), lo que constituye una ruptura del orden constitucional”, enfatizó la Fiscal.
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En esta semana el Tribunal ha advertido a los diputados que carecen de inmunidad y ha asumido las competencias que constitucionalmente corresponden a la sede legislativa.
La mayoría de los países de la región y la Organización de Estados Americanos (OEA) han expresado su preocupación por lo que consideran una vulneración de los principios democráticos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, ha pedido al Tribunal que “reconsidere su decisión” de asumir los poderes del parlamento.
“Exhorto firmemente a la Corte Suprema a que reconsidere su decisión. La separación de poderes es fundamental para que funcione la democracia”, añadió Zeid.
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Así también el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha reclamado una reunión “urgente” del Consejo Permanente para valorar la suspensión de Venezuela como país miembro. El Gobierno de Maduro se ha limitado a emitir un comunicado en el que denuncia una “arremetida” de “la derecha intolerante y pro imperialista dirigida” por Estados Unidos para “atentar contra el Estado de Derecho” a través de “falsedades e ignominias”.
Estados Unidos, la Unión Europea, Luis Almagro, secretario general de la OEA, Canadá y varios países latinoamericanos (Brasil, Colombia, Chile, Perú, Argentina, México, Panamá y Guatemala) también han denunciado la decisión de la corte venezolana
