El próximo domingo 6 de noviembre, 4,1 millones de nicaragüenses están convocados a asistir a las urnas a elegir al próximo presidente del país. En las elecciones también se votará para determinar a los 90 diputaciones de la Asamblea Nacional y los 20 diputaciones del Parlamento Centroamericano.
A pesar que en la contienda electoral participan seis partidos y alianzas políticas, la campaña ha estado enmudecida, pues cuatro de los seis candidatos presidenciales no disponen de financiamiento para promoverse a través de los medios de comunicación masiva.
Más información: ¿Qué es el Nica Act y por qué desata temores en Nicaragua
Según el artículo 99 de la Ley Electoral de la República de Nicaragua, “el Estado destinará una asignación presupuestaria específica del uno por ciento de los ingresos ordinarios del Presupuesto General de la República correspondiente, para reembolsar exclusivamente los gastos de la campaña electoral en que hayan incurrido los partidos políticos o alianzas de partidos que hubieren participado en las elecciones para Presidente, Vicepresidente, Diputados a la Asamblea Nacional y al Parlamento Centroamericano y que después de ella hayan conservado su personalidad jurídica”.
Agrega la legislación nicaragüense: “dicho reembolso se otorgará a las organizaciones políticas que hayan obtenido al menos el cuatro por ciento de votos válidos y de acuerdo al porcentaje de los mismos. Debiendo rendir cuentas en forma documentada y detallada ante la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Supremo Electoral”.
Con la meta del 4%
La firma Comunicación Organizacional para el Liderazgo (COPEL) recién realizó un sondeo de intención de votos en las cinco principales ciudades del país –Managua, León, Masaya, Estelí y Matagalpa– entre 4.100 personas mayores de edad que expresaron su intención de votar en las elecciones generales.
Los resultados del sondeo de COPEL coinciden con los resultados de encuestadoras internacionales como CID-Gallup: Daniel Ortega Saavedra, candidato presidencial del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional obtendría 59% de los votos, con lo cual ganaría fácilmente la Presidencia de la República.
Lea: ¿Quién sería el nuevo presidente de Nicaragua si las elecciones fueran hoy?
Mientras el 25% de los consultados en las cinco principales ciudades del país asegura que no ha decidido por quién votar y que probablemente emita un “voto nulo”. El otro 15% de los encuestados asegura que votará por un candidato opositor, prefiriendo a Maximino Rodríguez, del Partido Liberal Constitucionalista, quien suma 9% de la intención de votos.
Los bancos privados que han recibido solicitudes de préstamos por parte de los partidos opositores han utilizado el artículo 99 de la Ley Electoral para negarle el crédito al menos a cuatro candidatos presidenciales que no alcanzarán el 4% de los votos válidos, según los sondeos de opinión pública.
“La encuesta es un técnica de investigación científica y sus resultados son aproximaciones a lo que sucederá el día de las elecciones”, aseguran los investigadores de COPEL, quienes recuerdan que exceptuando las elecciones de 1990, realizadas en un contexto de profunda crisis económica y guerra fratricida, los resultados de los sondeos previos a las elecciones de 1996, 2001, 2006 y 2011, han sido certeros.
Adicionalmente, quedó el antecedente de las elecciones de 2006 y 2011 donde algunos candidatos a presidente y diputados no pagaron sus préstamos porque el Consejo Supremo Electoral no les reembolsó los gastos de campaña por no haber obtenido el mínimo establecido por la Ley Electoral.
Más detalles: ¿Quién es el hombre que quiere sacar a Daniel Ortega del poder?
Por tal razón, los banqueros están muy atentos a los resultados de los sondeos de opinión pre electoral y algunas instituciones financieras han sido claras en sus respuestas a los solicitantes de créditos que son candidatos a elección popular el próximo 6 de noviembre.
En las radioemisoras y la televisión sólo se escucha y ve la propaganda del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que lleva de candidato a Ortega Saavedra en una alianza multisectorial; y la del Partido Liberal Constitucionalista que postula a Maximino Rodríguez, quien también es respaldado por una amplia coalición de partidos y organizaciones.