La destitución de 28 diputados ante la Asamblea Nacional de Nicaragua el 29 de julio desencadenó una crisis en la oposición política de Nicaragua y provocó que el líder opositor Eduardo Montealegre intensifique su cabildeo entre poderosos sectores de la administración pública de Estados Unidos que adversan al régimen de Daniel Ortega Saavedra.
La junta directiva de la Asamblea Nacional recién ratificó la decisión del plenario parlamentario de destituir a 16 diputados propietarios y 12 suplentes que fueron electos en 2011 en la casilla del entonces opositor Partido Liberal Independiente (PLI) y sustituirlos por los suplentes que son leales al régimen de Ortega Saavedra.
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La destitución fue ejecutada por la Asamblea Nacional a petición del Consejo Supremo Electoral (CSE), organismo estatal rector de los procesos electoral, que aduce que estos 28 legisladores son “transfugas políticos” por no acatar las órdenes del nuevo presidente de la organización por la cual fueron electos y que ahora dirige el liberal Pedro Reyes, nuevo aliado político de Ortega Saavedra.
De inmediato Montealegre reclamó los escaños de su bancada obtenidos en las elecciones de 2011, en las cuales se constituyó como segunda fuerza política del país. Sin embargo, desde hace cinco años otros líderes liberales reclamaban la representación oficial y sellos del PLI, entre ellos Pedro Reyes, a quien el CSE el 8 de junio le entregó el mando de dicha organización política, despojando así a Montealegre de organización política que ya estaba lista para la contienda electoral del próximo 6 de noviembre.
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Diversas voces se han alzado en Nicaragua y en el extranjero en contra de la medida legislativa que mutila las aspiraciones de la oposición política a Ortega Saavedra, la más prominente es la de John Kirby, portavoz del Departamento de Estado del gobierno estadounidense.
“Estados Unidos se encuentra profundamente preocupado por las acciones del Gobierno de Nicaragua y de la Corte Suprema de Justicia que han cerrado los espacios democráticos” y urge “de manera categórica al Gobierno de Nicaragua a crear un entorno más propicio para la realización de elecciones libres y justas que permitan al pueblo de Nicaragua decidir el futuro de su país”, dice una declaración oficial de Kirby.
Ante consultas de los medios de comunicación locales, el director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Mauro Ampié, aseguró que “no es justa” la decisión de las autoridades electorales ni la actuación de la Asamblea Nacional de Nicaragua.
Antes de la destitución de estos 28 diputados otros tres diputados oficialistas -Brooklyn Rivera, Agustín Jarquín y Xochilt Ocampo- que osaron expresar sus diferencias con relación a algunas decisiones gubernamentales fueron despojados de sus cargos como diputados y sustituidos por suplentes pro gobierno.
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Antes de estas destituciones, recuerda “unas elecciones creíbles y el pluralismo político son fundamentales para que exista una democracia sólida. La sociedad civil, los líderes empresariales y los líderes religiosos continúan abogando por el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la separación de los poderes y un proceso electoral justo”, recuerda Kirby, quien exhortó al Gobierno de Nicaragua a que “respete las voces de su pueblo y dé los pasos necesarios para la realización de elecciones justas y transparentes”.
Mientras tanto, los principales líderes opositores del país han iniciado una ronda de cabildeo político entre los principales grupos de senadores y representantes ante el poder legislativo estadounidense en busca de apoyo para ellos y sanciones para el gobierno de Ortega Saavedra, quien va rumbo hacia su tercer período presidencial consecutivo.
