Nicanor Alvarado
El documento, que negociaban desde 2013 los presidentes Enrique Peña Nieto y Ricardo Martinelli, gira en torno a ocho principios, todos ligados con el flujo de capitales, de la inversión, la cooperación y el comercio de mercancías.
Se trata del último de los acuerdos bilaterales que necesitaba el país centroamericano para materializar su ingreso a la coalición económica regional, tomando en cuenta que entre 2006 y 2008 había firmado ya tratados con Chile y Perú, dos de los miembros del bloque, que representa el 40% del PIB de Latinoamérica.
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Panamá es observador de la Alianza desde 2011, pese a que el entonces presidente de Perú, Alan García, había inquirido el ingreso del país centroamericano. Pero en campaña, el jerarca Juan Carlos Varela prometió revertir y aseguró que trabajaría en la incorporación al grupo.
Aunque el gobierno debe sortear aún la variable que significa Colombia, con el que firmó un tratado en 2010 que aún no ha sido ratificado por la Asamblea Nacional panameña, y que no pasará el filtro legislativo hasta tanto no se normalicen las relaciones diplomáticas después de la inclusión de Panamá en la lista de paraísos fiscales que preparó Colombia en octubre de 2014.
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En el otro extremo del escenario, México alaba la firma del acuerdo con Panamá porque el país es su cuarto mercado en Centroamérica.
Se estima que en la última década las empresas mexicanas en Panamá han ganado unos US$2 mil millones, principalmente en el rubro de la construcción. El tratado significará una “primavera” para la industria, el turismo, el sector automotriz, el agro y el sector educación de ambos países.