Raquel Fratti
Salazar tenía prohibido regresar a la función pública durante siete años, por haberse acogido a una movilidad laboral voluntaria el 15 de noviembre del 2012 en el Consejo Nacional de Producción (CNP). Con este acuerdo se liquidó al ahora ex viceministro con más de US$98 mil, incluyendo cesantía, un incentivo por acogerse a la movilidad, un rubro para concretar la jubilación y otros beneficios laborales.
“He servido a este Gobierno y al país con honor, abnegación y absoluto compromiso, siempre pensando y trabajando a favor de las y los productores nacionales, procurando mejorar sus condiciones de producción y su eficiencia para el beneficio de sus familias y del país”, expresó Salazar en una nota dirigida al presidente de la República, Luis Guillermo Solís.
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Salazar alegó una confusión al aceptar el puesto, porque la inhabilitación por siete años excluye a funcionarios elegidos popularmente, por ejemplo el presidente de la República, diputados y regidores. Sin embargo, no contaba con que no aplica así con los viceministros, porque son elegidos directamente por el presidente de la República.
Además, el nombramiento ilegal como viceministro de Agricultura le mejoró su ingreso mensual en más de US$926. Salazar argumentó que renunciaría a su salario pero no a su puesto, a pesar de estar nombrado fuera de la ley.
Este artículo fue publicado 0riginalmente por revistaproagro.com
