América Latina debe generar más empleos de calidad-con derechos y protección social-, cautelar el salario mínimo y proteger el gasto social, estas son tres recomendaciones que hizo CEPAL a la región desacelerar el crecimiento de la pobreza y lograr cumplir el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible, que llama a poner fin a la pobreza en todas sus formas.
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“Urge explorar nuevas fuentes y mecanismos fiscales de financiamiento que hagan sostenible la política social y los avances alcanzados en el último decenio”, expresó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Y es que según el informe Panorama Social de América Latina 2015, presentado por la Cepal, las tasas de pobreza e indigencia medidas por ingresos se mantuvieron estables en América Latina en 2014 respecto al año anterior (situándose en 28,2% y 11,8% de la población de la región, respectivamente), y se estima que ambas se habrían incrementado en 2015.
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En términos absolutos, el número de personas en situación de pobreza creció en alrededor de dos millones en 2014 en comparación con 2013. Según las proyecciones del organismo, en 2015 la tasa regional de pobreza habría aumentado a 29,2% de los habitantes de la región (175 millones de personas) y la tasa de indigencia a 12,4% (75 millones de personas).
Es por esto que la autoridad hace un llamado a proteger los avances logrados en años recientes e impedir retrocesos sociales ante un escenario de menor crecimiento económico.
Según la Comisión, el 80% de los ingresos totales de los hogares latinoamericanos provienen del trabajo. Por ello, el empleo de calidad, con derechos y protección social, “es la llave maestra para la igualdad, eje de la integración social y económica, y mecanismo fundamental de construcción de autonomía, identidad, dignidad personal y ampliación de la ciudadanía”, señaló el estudio.
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En toda la región, agrega la Cepal, deben persistir los esfuerzos de promoción del trabajo decente, entre ellos, los de formalización del empleo y de las empresas, de fortalecimiento de los salarios mínimos y de acceso a la protección social, en los que se incluya la igualdad de género como objetivo transversal.
