La banca estadounidense quiere volver a sus vicios

El gobierno estadounidense se rinde ante los banqueros, iniciando el desmantelamiento de buena parte de la regulación y supervisión establecida en la administración anterior.

La crisis financiera que surgió en Estados Unidos (EE.UU), en 2007/08, conocida como la crisis de las hipotecas, tuvo su origen en los riesgos excesivos que tomaron los grandes bancos en aras de maximizar sus ganancias. Este exceso de riesgos fue posible gracias a la escasa regulación que se ejercía por parte del Estado sobre las instituciones bancarias; en especial, desde el gobierno de Ronald Reagan que, junto a su contraparte inglesa, Margaret Thatcher, fueron jinetes del mercado libre y del Estado mínimo, en los años ochenta.

Tras la quiebra en setiembre del 2008 del gigantesco banco de inversiones Lehman Brothers, que el gobierno no pudo salvar, como lo había hecho con otros, a un alto costo de capital político y financiero, la crisis se volvió sistémica, la banca se derrumbó, y el mundo entero entró en la depresión económica más grande y larga de la historia.

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Las pérdidas aún se cuantifican, en Estados Unidos se estiman 1500 millardos en los dos primeros años de crisis y, en la Unión Europea, se comprometieron fondos equivalentes al 30% del PIB regional para salvar el sistema financiero, en el mismo periodo de dos años.

El impacto negativo ha sido sin precedentes para el mundo, por ello la administración Obama, siguiendo un clamor general, impulsó legislación para regular y supervisar el sistema financiero, de manera que la toma de riesgos por parte de la banca fuera limitada, y se impidiera utilizar los ahorros del público para lanzarse en cruzadas financieras especulativas, destinadas a llenar de discutibles dividendos los balances bancarios.

Una de esas importantes normas es conocida como la ley Dodd-Frank, que Obama tuvo el muy sugestivo gesto, para los que saben leer entre líneas, de elegir el edificio Ronald Reagan para firmar su puesta en ejecución. Esta ley es considerada por los analistas, como la principal intervención del Estado en los últimos 70 años.

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No obstante, todo lo anterior, el Presidente D. Trump, acaba de firmar dos decretos para relajar la aplicación de dicha norma, e iniciar su proceso de revocación. El mejor argumento que tuvo el Presidente para justificar la disposición fue que: “tengo amigos con buenas empresas que no pueden pedir prestado debido a esas normas”, según señalan los principales medios financieros.

Siguiendo esa lógica, las leyes se crean y se reforman para que sirvan a los amigos del gobernante y no a la sociedad como un todo. En este caso, a los ahorrantes en primer lugar, pero, también a los millones de personas que se ven afectadas cuando lo peor de la crisis muestra sus tentáculos.

Todo parece que la banca estadounidense quiere volver a sus andadas, a los placeres del riesgo con plata ajena, sin que los reguladores le pidan cuentas.

No es casualidad que el principal asesor financiero de Trump sea Gary Cohn, quien renunció hace pocas semanas a su vicepresidencia en Goldman Sachs para unirse al equipo de gobierno, al tiempo que, el Presidente invitó a la crema y nata de Wall Street para firmar ante ellos los decretos. Entre los invitados estaba el Consejero de JP Morgan Chase, la mayor entidad financiera (por activos), de Estados Unidos, y conocida opositora a la regulación aprobada en la administración Obama.

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Parece cumplirse aquello de que, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra.

 

 

 

 

 

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